El presidente Enrique Peña Nieto ha dejado correr el plazo constitucional con que cuenta para promulgar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lapso que vence mañana martes.

Si no lo hace, un día después el presidente del Senado podrá mandar publicar en el Diario Oficial esa legislación secundaria, la cual está pendiente en el Congreso desde hace ocho años, cuando se aprobó la reforma que establece que ningún funcionario público podrá percibir ingresos superiores a los del Presidente de la República.

Sin embargo, de acuerdo con versiones de legisladores de PRI y PAN, se prepara una acción de inconstitucionalidad que impediría que entre en vigor dicha ley, que elimina también el otorgamiento de pensiones millonarias a los ex mandatarios del país.

Sería la segunda ocasión en que un presidente del Senado debe mandar publicar una ley por decisión del Ejecutivo federal de no promulgar una norma aprobada por el Congreso. El primero fue el panista José González Morfín, quien solicitó al ex titular de Gobernación Alejandro Poiré “girar instrucciones, a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de abril del año en curso”.

La solicitud fue elaborada el 29 de junio de 2012, ya que el entonces presidente Felipe Calderón se negó a hacerlo. La Ley General de Víctimas se publicó, pero se interpuso una controversia constitucional, y fue hasta que Enrique Peña Nieto asumió el Ejecutivo que la retomó y pudo entrar en vigor.

Un escenario similar se puede presentar con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que desde un principio encontró resistencias en el gobierno federal y el PRI. De hecho, el Congreso estaba en deuda, ya que la reforma constitucional de 2009 fijó plazo de un año para crear la legislación secundaria. Sin ella, pese a la prohibición constitucional, persisten excesos en salarios y prestaciones de los funcionarios de nivel medio y alto, mediante estímulos y bonos extraordinarios, superiores a los del Presidente de la República.

El Senado aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en 2014, pero se congeló en la Cámara de Diputados y fue con la llegada de Morena, como mayoría en ambas cámaras, que se aprobó el 13 de septiembre, en San Lázaro, pero con el voto en contra de PRI y PAN.

Al Senado, por ser cámara de origen, corresponde ordenar la publicación de la ley, a partir del miércoles, aunque PRI y PAN podrían presentar una acción de inconstitucionalidad, pues ambas bancadas suman el tercio de legisladores requerido para tal efecto.