Las autoridades federales y de Michoacán han violentado los derechos de la familia de un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) que desapareció en ese estado en octubre de 2010, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Así, dirigió una recomendación al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, y al gobernador estatal, Silvano Aureoles Conejo, al determinar que se han presentado dilación e irregularidades en la integración de las averiguaciones ministeriales por la desaparición del marino, así como por falta de información a sus familiares del avance de las diligencias para localizarlo.

El organismo acreditó violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia y acceso a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la PGR y de la procuraduría del estado cometidas en la integración de las averiguaciones previas por la denuncia presentada por el padre de la víctima.

Las autoridades de ambos fueros omitieron diligencias que por su relevancia debieron ordenarse con prontitud desde el inicio de su respectiva investigación para evitar pérdida de información que pudiera haber aportado datos respecto a la ubicación de la víctima y, en su caso, encontrar a los probables responsables, subrayó la CNDH.