La Procuraduría General de la República (PGR) ha cometido una serie de irregularidades en las indagatorias por el caso Ayotzinapa, con lo que ha violentado el derecho a la verdad no sólo de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada, sino de la sociedad, señaló José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la oficina especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En entrevista, indicó que el organismo nacional ha emitido hasta ahora cuatro informes preliminares con 47 observaciones específicas para que la PGR rencauce la investigación, pero sólo se han cumplido 10; del resto, ocho se han incumplido y 29 tienen apenas algún grado de atención.

El ejemplo más emblemático de los yerros de la dependencia, dijo, es la injusta reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social de Durango de Érick Uriel Sandoval Rodríguez, acusado por PGR de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes, y aun cuando la CNDH aportó elementos que demostraban su inocencia, la instancia de procuración de justicia incumplió la ley y no ordenó su liberación.

El organismo puso a disposición de la PGR las pruebas que acreditaban la inocencia de Sandoval (apodado La Rana) e incluso señaló al responsable, cuyo nombre es Édgar (con el mismo apodo), y hasta ubicó su paradero. Y aunque la dependencia reconoció la posibilidad de que el inculpado no fuera responsable de los hechos que se le imputaban, no tramitó el desistimiento de los señalamientos en su contra –argumentó que eso le tocaba al tribunal que llevaba el caso– ni ha detenido al verdadero autor.

Es una grave irresponsabilidad esa respuesta de la PGR. Porque hay una disposición específica en el Código Federal de Procedimientos Penales aplicable en ese momento que indica y obliga al Ministerio Público a que en el preciso momento en que cuente con pruebas de la inocencia de una persona, promoverá ante el tribunal correspondiente el sobreseimiento de la causa. Eso debió traducirse en pedir la libertad absoluta ante el juzgado que conoce el caso, y el tribunal no podía más que liberarlo. Pero la PGR se negó a eso, nunca quiso aceptar ni reconocer su error, y dejó en prisión por 224 días a una persona inocente.

Larrieta Carrasco informó que el caso de Sandoval Rodríguez y el resto de las irregularidades en las que han icurrido las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sobre todo la PGR, serán expuestos en la recomendación sobre el caso Iguala que en breve –se ha dicho que antes de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto– emitirá la CNDH.

“El caso de Érick es emblemático y tiene que ver con la violación franca y directa al derecho a la verdad que tienen las víctimas. La autoridad de alguna forma está diciendo: ‘Sociedad, padres, ya detuvimos a La Rana, aquí lo tenemos’, pero resulta que eso es falso, los han pretendido engañar, es una violación a un derecho humano.”