osé Antonio González Anaya, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Petróleos Mexicanos durante el peñismo (joyas históricas de la manipulación presupuestal, del uso arbitrario del dinero público entre cuentas y cuentos siempre aprobados por las bancadas gubernamentales dominantes), y actual secretario de Hacienda, cumplió ayer con la rutina de dibujar escenarios manejables y positivos en una comparecencia ante diputados, sin asumir que la realidad cameral mexicana ha cambiado, de tal forma que su pretenciosa palabrería tecnocrática fue abollada por el ánimo mayoritario de San Lázaro (es decir, de Morena y sus aliados) y, en especial, por sendas intervenciones de Dolores Padierna (presidenta en turno de la mesa directiva, en ausencia de Porfirio Muñoz Ledo) y de Alfonso Ramírez Cuéllar (presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto).

Mientras el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobrelleva la transición de terciopelo sin alterar la relación política con el saliente Peña Nieto y sostiene entendimientos también de (falsa) tersura con Donald Trump, en la Cámara de Diputados se objetaba con rudeza el diagnóstico dorado que el peñismo pretende dejar como herencia quebradiza: un México con supuestas buenas cuentas macroeconómicas y con números oficiales ajenos a cualquier suposición de crisis o bancarrota.

Las críticas a González Anaya (quien es concuño de Carlos Salinas de Gortari) y, en realidad, al manejo económico de Peña Nieto, provocaron incluso una escaramuza en la bancada de Morena, donde el coordinador oficial, Mario Delgado (economista a fin de cuentas afiliado en lo esencial a la escuela económica neoliberal), trató de contener o desautorizar las palabras de Padierna.

La falta de recursos económicos suficientes para cumplir sin aprietos con los compromisos obradoristas de campaña ha hecho que los futuros secretarios y directores de primer nivel estén buscando la manera de hacer ahorros, evitar fugas por descuidos y cerrar la puerta a la corrupción institucionalizada. En ese esfuerzo, aunado al proceso de aprendizaje en que están inmersos, algunos de los próximos funcionarios han ido cometiendo errores, conceptuales y de comunicación.

Es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde María Elena Álvarez-Buylla Roces se ha visto envuelta en una polémica respecto de la suspensión de convocatorias, durante la administración que fenece, que puedan significar erogaciones con cargo a la venidera. Constantemente lastimada por abusos y retrasos, una parte de la comunidad relacionada con la ciencia y la tecnología protestó por una petición del siguiente gobierno que dañaría los largos y detallados procesos en que están participando. Enrique Cabrero, actual director del Conacyt, anunció que las convocatorias se seguirán emitiendo y procesando, mientras en el equipo obradorista se mantiene la percepción de que hay áreas oscuras o mal manejadas que deben ser revisadas a fondo.

El miércoles 17 de este mes tomará posesión la directiva de la asociación nacional denominada Abogados Sociales Progresistas (ASP). Diez mil estudiosos del derecho, pertenecientes a 160 ciudades, estarán representados en este acto que se declara en apoyo de la cuarta transformación del país, con el gremio como la primera línea de defensa del Estado y la sociedad, según las invitaciones a la reunión matutina que se realizará en el Casino Español de Ciudad de México.

Conforme a lo programado, los invitados especiales serán la profesora Elba Esther Gordillo y el abogado Julio Scherer Ibarra. Postulado para ser el próximo consejero jurídico de la Presidencia de la República, Scherer fue mencionado como el enlace entre el obradorismo y el gordillismo durante la pasada campaña presidencial, en específico por cuanto a las Redes Sociales Progresistas, cuyo referente denominacional es conservado por la red de abogados que será presidida por el doctor en derecho José Óscar Valdés Ramírez, especialista en amparo y aspirante a fiscal general de la nación, a título independiente.

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