Las desapariciones forzadas en México no son hechos aislados; por el contrario, se ejercen como estrategia de terror contra algunos sectores de la población. Cada día, se pierde el rastro de 12 personas en el país; las más afectadas son menores de 29 años, la mayoría procedentes de zonas rurales y urbanas marginadas con nulo acceso a la justicia.

Carolina Robledo, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) e integrante del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), señaló lo anterior y añadió que de acuerdo con cifras oficiales, en los 12 años pasados se reportaron 37 mil 435 desaparecidos en México. Pese a ese elevado número, lamentó, sólo hay 20 sentencias condenatorias, de las cuales dos fueron absolutorias.

Durante un seminario que se realizó ayer en el Ciesas, en el que se abordó el caso de los primos Alvarado, presuntamente desaparecidos por militares en diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez, dentro del operativo conjunto Chihuahua, la especialista indicó que la desaparición de esos familiares no es algo que ocurra de manera aislada, sino que se da como estrategia de terror y castigo en el contexto de una guerra contra la población.

En el actual entorno de desapariciones forzadas en el país, dijo, “el mismo Estado es ejecutor de la violencia de manera sistemática, mediante tácticas tradicionales como la clandestinidad y la negación. Y, como en la guerra sucia –en la que se reportaron 789 casos de personas ausentes–, se intenta defender intereses estratégicos de élite, mediante fuerzas armadas regulares o irregulares. El Estado ha hecho de la guerra la manera de hacer política para establecer un régimen de explotación o desposesión para beneficiar a múltiples actores políticos y económicos”.

Peritaje forense usado en audiencias

La investigadora subrayó que las entidades con más casos de desapariciones son Tamaulipas, estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero y Puebla.

En el seminario se dio a conocer un peritaje realizado por las integrantes del GIASF sobre el caso de los primos José Ángel, Nitza y Rocío Alvarado, el cual también se presentó durante las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso, los días 26 y 27 de abril pasado.

El estudio documenta el contexto de militarización, impunidad y violencias estructurales que tuvieron lugar para esta desaparición forzada, y señala que el propio entorno es parte del agravio, pues se crearon las condiciones de posibilidad para que estos delitos tuvieran lugar.