De septiembre de 2017 a junio del año en curso, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 114 carpetas de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, sólo en 17 casos pudo llegar hasta una sentencia condenatoria.

En el sexto y último Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, la PGR detalló que dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, inició 114 carpetas, de las que 12 fueron determinadas, seis presentadas al órgano jurisdiccional, cuatro con detenido. Solicitaron órdenes de aprehensión contra cuatro personas y un juez vinculó a proceso a seis.

Se obtuvieron 17 sentencias condenatorias, 11 dentro del sistema tradicional y seis en sistema penal, destacando dos por juicio oral. Se efectuaron 602 mil 589 análisis de operaciones financieras que correspondieron a 365 personas físicas y morales, con lo cual se emitieron 230 diagnósticos para diversas áreas de la PGR, señala.

En el anterior sistema, inició cinco averiguaciones previas y se determinaron 48, de las cuales 10 se consignaron sin detenido, y se ejerció acción penal en contra de 25 personas.

La dependencia, que no tiene un procurador, sino un encargado de despacho, logró en el tiempo mencionado, el aseguramiento de 92.4 millones de pesos y más de 270 mil dólares; mientras en cuentas bancarias los montos fueron de 778.9 millones de pesos y 14.7 millones en dólares.

En el último año del sexenio, destacó un caso en el que se realizó un operativo que permitió la detención en flagrancia de seis personas, así como el aseguramiento de diversos bienes muebles e inmuebles, cuyo monto aproximado fue de 887 millones de pesos.

El documento indica que la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal atendieron 87 mandamientos ministeriales, judiciales y denuncias ciudadanas relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De esas, 28 fueron órdenes de investigación, 11 fueron solicitudes de información, cuatro órdenes de localización y presentación, tres órdenes de aprehensión, 15 traslados o custodias, siete denuncias ciudadanas y 19 apoyos a diligencias ministeriales.