a Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó ayer a los gobiernos saliente y entrante a hacer frente a saldar la deuda que tiene el Estado con las víctimas de desaparición y con sus familias, particularmente en los casos de desapariciones forzadas, la gran mayoría de las cuales no han sido esclarecidas, constituyen un delito que sigue cometiéndose en tanto los afectados no aparezcan. Más allá de la obligación elemental de los poderes públicos de salvaguardar los derechos de las personas a la vida, la libertad y el libre tránsito, la Ley General de Víctimas establece el deber de las autoridades de hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

nte las impugnaciones contra los nuevos derechos de la Constitución de la Ciudad de México que hicieran hace un año la Procuraduría General de la República (PGR), el Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma que dichos órganos no tenían razón: acaba de declarar como constitucional la ampliación de derechos, la constitución local puede reconocer nuevos derechos más allá de la Constitución federal. El ministro ponente es de avanzada, congruente con una Carta Magna que reconoce el derecho a la ciudad, al espacio público, a un mínimo vital, al cuidado y al tiempo libre, a pueblos originarios, al uso medicinal de la marihuana, a la muerte digna, así como a los derechos sexuales y reproductivos.

uienes hoy se escandalizan ante su propia invención del poder sin contrapesos que supuestamente ejercerá la presidencia de Andrés Manuel López Obrador han aplaudido e incluso promovido las atrocidades de un régimen que construyó a punta de corrupción una hegemonía casi total en las instituciones gubernamentales: las llamadas reformas estructurales, por ejemplo, que desde los tiempos de Salinas fueron exigidas por la oligarquía mediático-empresarial y sus ideólogos, y que fueron finalmente aprobadas, después de un lustro de ofensiva en contra de la sociedad, en el contexto del Pacto por México, un consenso cupular que se construyó mediante la compra de voluntades y que, desde luego, no tuvo contrapesos significativos en el Congreso de la Unión ni en el Poder Judicial.

n una clase abierta del doctorado en estudios críticos de género Cuerpo, deseos e identidades celebrado en la Universidad Iberoamericana (Uia), participaron las doctoras Teresa Forcades i Vila y Gloria Prado. ‘‘La literata de la Ibero” presentó un espléndido trabajo muy a tono con los problemas que se viven en el mundo en relación con este tema.