urante el mes de agosto se han realizado en Ciudad Juárez, Torreón, Morelia, la Huacana (Michoacán) y Cuernavaca, los cinco primeros Foros por la Pacificación y la Reconciliación Nacional. Más allá de los problemas organizativos, que demostraron un alto nivel de improvisación y una falta de metodología y sensibilidad para trabajar con víctimas, los foros han puesto en evidencia la poca claridad que existe entre lo que sería una política de amnistía hacia la población presa y una promoción del perdón por parte de los familiares de víctimas desaparecidas.

A lo largo de la campaña, Andrés Manuel López Obrador el asunto de la amnistía fue un tema polémico, que fue mal interpretado como sinónimo de impunidad. Esto llevo a la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a difundir un video en las redes sociales en donde explica que la amnistía es un instrumento jurídico que no se puede aplicar para casos de graves violaciones a los derechos humanos y que se usaría sobre todo para promover la liberación de hombres y mujeres pobres encarcelados por delitos de drogas. Este compromiso hace eco a una demanda que venimos haciendo quienes trabajamos desde la investigación activista con mujeres en reclusión. Las mujeres pobres se convirtieron en estos dos sexenios en presas de la estadística que le permitían al gobierno mexicano demostrar que estaba haciendo algo contra las redes del narcotráfico, encarcelando a los sectores más vulnerables del mercado de drogas. La organización feminista XJusticia para las Mujeres ha documentado esta situación, mostrando que sólo entre 2014 y 2016 las mujeres encarceladas por este delito en el sistema estatal aumentaron en 103.3 por ciento (http://equis.org.mx/project/politicas- de-drogas-genero-y-encarcelamiento -en-mexico-una-guia-para-politicas-publicas -incluyentes/).

Esta amnistía no debería limitarse a los delitos de drogas, sino que tendría que hacerse una revisión profunda de los expedientes judiciales desde una perspectiva de género, que permita liberar a cientos de pagadoras: mujeres que por distintas motivos están pagando el delito de un hombre, muchas de ellas víctimas de violencias múltiples. Se trata de una coyuntura propicia para revisar el sistema penitenciario y retomar, por ejemplo, las propuestas de arresto domiciliario para madres de menores de edad.

La amnistía planteada desde estos términos es una política que se propone hacer justicia y en ese sentido confronta el racismo, el clasismo y la misoginia del sistema penal. Sin embargo, en el caso de las víctimas de la desaparición forzada, este delito es una grave violación a los derechos humanos y los perpetradores, en caso de que fueran detenidos, no tendrían derecho a la amnistía. Siendo esta la situación ¿Qué implica discutir con los familiares de las víctimas el perdón, cuando sus hijos o hijas continúan desaparecidos, cuando no hay investigación, cuando fuerzas de seguridad están involucrados y cuando no hay perpetradores detenidos?

Si se está pensando en los modelos de justicia restaurativa, no se cumple en el caso de los casi 35 mil desaparecidos en México con los requisitos para promoverla: no hay ni verdad, ni justicia, ni condiciones de reparación, menos posibilidades de que la comunidad entera participe en estos procesos. Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad Pública, se adelantó a estas críticas señalando: El perdón es individual, es personal y no tiene consecuencias jurídicas. Si tal es el caso, los foros no son un espacio terapéutico que cuente con los especialistas, ni las metodologías para trabajar temas de ese peso emocional como es el perdón en abstracto. En el caso de la desaparición forzada, urge transformar el contexto de impunidad que la posibilita, realizar investigaciones serias al respecto y desestructurar las redes de complicidad que funcionan desde las instituciones del Estado.

Para que los cambios prometidos por la futura administración sean una realidad es necesario que se conozca la problemática a fondo y no lanzar iniciativas improvisadas que están revictimizando a quienes de por sí han sufrido la banalidad del mal de la violencia burocrática.