l presidente estadunidense, Donald Trump, recibió ayer dos fuertes reveses tras los fallos judiciales emitidos contra su ex abogado Michael Cohen y su ex jefe de campaña Paul Manafort. El primero se declaró culpable ante un tribunal neoyorquino por haber violado leyes de financiamiento de campaña electoral, así como por fraude impositivo y bancario; el segundo recibió un fallo adverso por evasión de impuestos, por no informar de una cuenta bancaria en el extranjero y por estafa.

Aunque ninguno de los dictámenes implica en forma directa a Trump, los procesos se encuentran inscritos en la investigación guiada por el fiscal especial Robert Mueller en torno de la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales que llevaron al magnate a la presidencia en noviembre de 2016.

Cabe destacar que Manafort participó en una reunión con personajes rusos que ofrecían información perjudicial para la campaña de la candidata demócrata, Hillary Clinton. Por su parte, Cohen se encuentra contra la pared desde que en abril anterior se ordenó el allanamiento de sus oficinas y se encontró información sobre los presuntos pagos a una ex actriz pornográfica y una ex modelo de Playboy a cambio de ocultar que sostuvieron encuentros sexuales con el actual presidente.

Por si lo anterior no fuera suficiente para poner en entredicho la legalidad de la campaña electoral que lo llevó al poder y exhibir su uso sistemático, e incluso patológico de la mentira, debe considerarse que el mes anterior el mandatario se vio obligado a retractarse de su versión, según la cual la mano rusa sería una mera cacería de brujas urdida por la oposición demócrata y los medios de comunicación falsos, uno de sus blancos predilectos.

Lo que no puede ponerse en duda es el enorme daño causado a la institucionalidad estadunidense por el interminable escándalo en que se ha convertido el gobierno del ex presentador de televisión, tanto debido a su propensión a emitir sus opiniones personales sin ningún miramiento para con su investidura, como por su concepción indolente de la legalidad.

Ante la inminencia de las elecciones legislativas de noviembre, queda planteada para sus correligionarios republicanos la disyuntiva de seguir respaldando a una administración empeñada en demoler todo vestigio democrático, o priorizar los intereses nacionales sobre la coyuntura electoral.