e acuerdo con el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), durante el presente sexenio la nómina de este organismo presentó un crecimiento descontrolado, al pasar de 12 mil 317 plazas en 2012 a 17 mil 697 en 2018, lo cual significó una carga económica por concepto de salarios de 3 mil 893 millones de pesos adicionales a los que se erogaban hace seis años. Además, la contraloría reportó deficiencias y vicios de operación en la aplicación de su presupuesto, los cuales se reflejan en el persistente uso de recursos para fines distintos a los autorizados por el Legislativo.

Si bien es cierto que parte del crecimiento de la nómina encuentra su explicación en las reformas constitucionales que añadieron facultades al instituto –entre las más importantes, le fue transferida la organización de los procesos electorales estatales y locales–, el órgano de control señala la necesidad de revisar las plazas por honorarios, un esquema que permite a las unidades administrativas del instituto evadir la justificación de las contrataciones y el proceso formal que debiera seguirse para realizarlas.

También debe reconocerse que la voracidad presupuestal del INE no se originó durante el encargo de su actual directiva, pero ésta no ha hecho nada por racionalizar su gasto y, en cambio, ha abonado su propia cuota de escándalos. Ya en 2015 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) lo había declarado el más oneroso de los organismos autónomos en gasto por empleado; mientras el año pasado fueron motivo de indignación ciudadana por el proyecto –finalmente abortado– de construir una nueva sede a un costo de más de mil millones de pesos, así como el recurso presentado por el consejero Benito Nacif para impedir la reducción salarial acordada por la Junta General Ejecutiva, tras las críticas recibidas por el dispendio en aguinaldos, teléfonos celulares de alta gama y remodelación de instalaciones.

Si el gasto frívolo por parte de instituciones financiadas con los impuestos de los contribuyentes no resulta justificable en ninguna circunstancia, la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello se ha vuelto particularmente odiosa a ojos de los ciudadanos por su insensibilidad en tiempos de brutales recortes presupuestales a sectores prioritarios, y de un explosivo crecimiento de la deuda contraída por el Estado.

Tras 12 años sumida en el absoluto descrédito por su incapacidad para impedir que los comicios presidenciales de 2006 y 2012 se convirtieran en repertorios de desaseo, hasta el punto de poner en duda los resultados oficiales, las elecciones de julio pasado recibieron un reconocimiento social que brinda una oportunidad quizás irrepetible para recomponer la relación de la autoridad electoral con los electores. Pero está claro que este periodo de gracia se desvanecerá pronto si no se ve seguido por una transformación real en el funcionamiento del instituto y en la consciencia cívica de quienes lo dirigen. Al final, lo que se encuentra en juego es la credibilidad misma del instituto.