abriela Ramos, directora general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México, expresó ayer el aval en principio del organismo multilateral a la política social planteada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la funcionaria, a reserva de conocer los detalles de las medidas que habrá de implementar el próximo gobierno, se saluda su intención de atender a los sectores más vulnerables y orientar sus esfuerzos a la reducción de las desigualdades.

La preocupación actual de la institución por las enormes brechas sociales prevalentes en nuestro país parte de sus propios estudios, de acuerdo con los cuales el futuro de los mexicanos está determinado desde su nacimiento: mientras que uno de cada dos hijos de padres directivos se convertirá a su vez en directivo, 70 por ciento de quien nace pobre morirá pobre, por lo que a los hijos de las familias con mayores cafrencias les tomaría 150 años romper este ciclo de exclusión. Este sombrío panorama resulta aún más desalentador para los jóvenes, pues la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que sólo cuatro de cada 100 trabajadores de entre 20 y 35 años perciben más de 12 mil pesos mensuales, mientras 11 de cada 100 se ven obligados a sobrevivir con menos de 2 mil 400 pesos.

En circunstancias como las señaladas, sin duda, resulta loable que la OCDE considere la reducción de la desigualdad un objetivo prioritario de política pública, así como el hecho de que exprese su preocupación por la ausencia de movilidad social en nuestro país. Sin embargo, resulta llamativo que su representante emita una autoexoneración respecto la responsabilidad sobre las recetas dictadas desde este mismo organismo, las cuales, debe recordarse, han recibido un acatamiento acrítico y una aplicación inflexible por todos los gobiernos del país en los pasados 30 años.

Por más que se busquen justificaciones a modo para la situación crónica y degenerativa de las desigualdades múltiples que atraviesan a la sociedad mexicana, resulta inocultable que en ella juegan un papel central las medidas diseñadas desde la propia OCDE, entre las cuales se encuentran la desregulación generalizada y la aceptación casi incondicional de inversiones extranjeras depredadoras, la privatización de los bienes nacionales –que durante décadas fueron palanca clave del desarrollo y las medidas redistributivas– y la disminución o supresión de derechos y conquistas laborales indispensables para sostener el poder adquisitivo de las mayorías.

Así, está claro que la reducción de las desigualdades y el combate de sus causas estructurales constituyen tareas ineludibles e inaplazables del próximo gobierno, ya sea que tal compromiso se aborde mediante las políticas planteadas hasta ahora o que las propuestas existentes se adapten a los diagnósticos que se hagan en los próximos meses. Asimismo, parece pertinente prescindir por completo de los consejos emitidos desde la OCDE, no por algún prúrito ideológico, sino atendiendo a los resultados inequívocamente desastrosos arrojados por la aplicación de sus recomendaciones.