on el homicidio de dos candidatas a diferentes puestos de elección popular (una por la coalición Todos por México en Juchitán, Oaxaca, y la otra por el Partido Verde Ecologista de México en el municipio poblano de Juan Galindo) continúa creciendo la inadmisible lista de personas asesinadas durante el proceso de buscar, en nombre de diversos institutos políticos, un lugar en la administración de gobierno que surgirá de los próximos comicios. Como en casos anteriores, también fueron victimados quienes acompañaban a las candidatas, lo que aumenta todavía más la cifra de muertos en la campaña electoral.

Las causas oficiales de los asesinatos (es decir, las que dan a conocer las autoridades cuando informan sobre los hechos) suelen ser de lo más variadas e incluyen venganzas, represalias, pugnas personales y con grupos del crimen organizado, enconos políticos entre facciones, o una mezcla de esos u otros componentes. Las causas reales son frecuentemente más difíciles de detectar y no se limitan a simples estallidos pasionales de violencia, sino que parecen obedecer a situaciones más complejas, que involucran a más personajes que las víctimas y sus victimarios, y guardan relación con intereses económicos de grupos de poder locales, regionales o de alcance mucho mayor.

Pero en cualquier caso la serie de crímenes evidencia un debilitamiento de las instituciones del Estado relacionadas con el Poder Judicial y los organismos de seguridad, que no sólo ya no inspiran el respeto de la ciudadanía, sino que a menudo se ven cuestionadas en su propia legitimidad, que las considera, en el mejor de los casos, poco competentes y, en el peor, corruptas. Así, con cuerpos policiacos deficientemente entrenados y equipados, escasamente motivados a causa de sus condiciones laborales (y en parte por la capacidad de fuego de las organizaciones del narco), y que para colmo no gozan de la confianza de la población, a lo que se suma el alto grado de impunidad con que se mueven los criminales, los sectores que buscan plazas y espacios de poder por medio de la violencia operan cada vez con mayor audacia y menor temor a las consecuencias.

Apenas un escalón más abajo de los crímenes contra candidatos y candidatas se encuentran las amenazas y actos intimidatorios que a diario se llevan a cabo contra ellos, especialmente en los ámbitos municipales de algunas entidades. Como consecuencia, un elevado número de personas que legítimamente aspiraban a recibir el voto de sus conciudadanos optan por renunciar a esas aspiraciones, dejando espacios que bien pueden ser ocupados precisamente por quienes ejercieron esas presiones, o por representantes de éstos.

Y hay un fenómeno más inquietante aún: comunidades enteras (especialmente en Oaxaca y Chiapas) se niegan a que los organismos electorales instalen casillas, porque en sus asambleas decidieron masivamente rechazar un sistema de partidos que, en su visión, no responden a las necesidades de la gente y sólo generan falsas expectativas. Argumentan los disconformes que, en sus localidades, los representantes partidistas sólo han provocado la división comunitaria, además de ser ineficaces y proclives a la corrupción. De momento, no se trata de una franja poblacional muy amplia, pero no sería descabellado pensar que su razonamiento pueda hacerse extensivo a otros sectores, con la consecuencia de restarle credibilidad al sistema de elección de autoridades que, pese a ser perfectible, hemos sabido darnos.

No es el mejor de los escenarios. La pérdida de confianza en las instituciones (en el sentido más amplio de la expresión, que comprende desde los organismos de gobierno a las meras nociones de ciudadanía y civilidad), la convicción creciente de que desde la legalidad no es posible solucionar nada, la inutilidad de los mapas de seguridad confeccionados para prevenir la incidencia delictiva y el ejercicio de la política mezclado con propósitos que privilegian los intereses de grupos por sobre los de la sociedad, dan como resultado un panorama que debe cambiar, tiene que modificarse durante la próxima gestión gubernamental, porque de otra manera será muy difícil alcanzar los objetivos políticos, económicos, sociales y esencialmente humanos que el país y la enorme mayoría de sus habitantes merecen.