Las ventas de la multinacional mexicana Gruma sumaron 70 mil 581 millones de pesos en 2017, un incremento de 3 por ciento en comparación con el año previo, resultado que, informó la compañía, estuvo en línea con lo esperado, a pesar de la afectación de actividades por los huracanes en Estados Unidos, donde se origina la mayor parte de su facturación. La ganancia neta del grupo sumó 6 mil 274 millones de pesos, uno por ciento más que en el ejercicio precedente, añadió. Los impuestos a la utilidad pagados por Gruma en 2017 fueron de mil 782 millones de pesos, menores a los 2 mil 449 millones de pesos correspondientes a 2016, de acuerdo con los estados financieros divulgados ayer. Los resultados consolidados se vieron afectados por la apreciación de la moneda mexicana en las cifras de Gruma Estados Unidos, al medirse en términos de pesos, añadió.

Más de mil 600 ahorradores defraudados por Ficrea recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ante la negativa de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar la responsabilidad que tiene la Secretaría de Hacienda en el caso y ser esa instancia la que resolviera las reclamaciones de los afectados. La segunda sala concluyó que, por disposición expresa de la Constitución federal, una resolución de un tribunal colegiado al resolver un recurso de revisión, constituye una sentencia definitiva e inatacable que adquiere la calidad de cosa juzgada y, por tanto, como en este asunto ya existe una sentencia previa, no hay posibilidad jurídica alguna de que un órgano jurisdiccional diverso, incluso la propia Corte, se encuentre facultado para modificarla. El abogado Fauzi Hamdam señaló que espera que antes de un año el caso se ventile ante la Coridh, ya que ésta es la última instancia a la que podían recurrir los defraudados, que en total perdieron 6 mil millones de pesos.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo a Rediomóvil Dipsa (Telcel) mediante el cual cuestionaba la constitucionalidad de diversas disposiciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y determinó que los titulares de una concesión no gozan de algún dominio sobre el servicio público, pues están sujetas a las reglas y condiciones que definan las leyes expedidas por el Congreso de la Unión y la normativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La primera sala declaró la constitucionalidad de los artículos séptimo transitorio, 127, 133 y 138 en sus fracciones V y VI, de la cita ley.