De las 32 entidades de la República, sólo 19 han creado sus comisiones estatales de atención a víctimas y han reformado sus leyes con tal propósito, lo cual demuestra la falta de interés de los gobiernos locales en la protección de quienes han sufrido algún delito o violación de derechos humanos, indicó un estudio de la organización civil Idheas.

Tras la aprobación de la Ley General de Víctimas (LGV), en mayo de 2013, los congresos locales contaban con un plazo de un año para armonizar sus leyes estatales de acuerdo con la nueva norma y crear una versión estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), recordó la asociación de litigio estratégico.

A tres años del vencimiento de dicho plazo, únicamente 19 entidades ya armonizaron sus leyes y crearon su propia comisión: Michoacán, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Morelos, estado de México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Tabasco, Yucatán, Campeche, Chihuahua y Oaxaca.

Hay otros nueve estados que ya terminaron la labor de reformar sus leyes para dar cabida a su propia CEAV, pero todavía no la han creado. La lista la integran Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

En una situación de mayor retraso hay otras cuatro entidades de la República que no han armonizado sus leyes ni tampoco han avanzado en la creación de sus comisiones de atención a víctimas: Guanajuato, Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México.

El estudio de Idheas –coordinado por su subdirector, Jérémy Renaux– también arroja que hay siete estados que no cuentan con su propia comisión local, pero tampoco con una delegación de la CEAV federal: Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

Al respecto, el director general de la organización de derechos humanos, Juan Carlos Gutiérrez, subrayó que la falta de cumplimiento de la LGV sólo puede explicarse debido a la falta de voluntad política de las autoridades, ya que la carencia de recursos no puede usarse como pretexto.

En materia de derechos humanos y constitucionales no se puede argumentar falta de recursos, porque son garantías fundamentales que se deben cumplir de forma inmediata, subrayó el litigante, quien afirmó que organismos como el Senado, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia CEAV federal deben involucrarse en la solución de este tema.

Por otro lado, Gutiérrez enfatizó que una de las mayores contradicciones del sistema legal mexicano es que en muchas ocasiones de nada sirve aprobar una ley, porque no se tiene el personal, la capacitación y el poder suficiente para implementarla.