Al condenar el espionaje contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), así como contra otros defensores de las garantías fundamentales y periodistas, los provinciales de los Jesuitas de América Latina y el Caribe consideraron que este hecho agrava aun más la situación de irrespeto de los derechos humanos en México.

En el mismo sentido, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema constituyen una amenaza a las víctimas e indican que no se va a realizar ninguna investigación real sobre estos hechos, lo cual podría catalogarse como un acto de obstrucción de la justicia.

En un pronunciamiento firmado por el presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL), dicha congregación religiosa exigió a las autoridades mexicanas que garanticen la integridad de todos los miembros del Centro Prodh y de aquellos que han sido víctimas de espionaje.

En nombre de todos los jesuitas nos unimos a la exigencia de nuestros compañeros de México de que se investigue exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los derechos humanos, se sancione a los culpables y que se garantice que la información extraída ilícitamente no sea utilizada de forma indebida, enfatizó la organización.

Los jesuitas recalcaron la necesidad de esclarecer lo ocurrido, tanto más cuando el mismo presidente Enrique Peña Nieto, anunciando que ordenó realizar con celeridad una investigación sobre el hecho, afirmó que las acusaciones son falsas y pidió que caiga el peso de la ley contra quienes lo denunciaron, erigiéndose así a la vez en juez y parte, y condenando la investigación al fracaso.

Mayor vulnerabilidad

Por su parte, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, consideró grave que el gobierno mexicano espíe a activistas, promotores de la lucha contra la corrupción y periodistas, como si se tratara de criminales, y que además de todo amenace a las víctimas de dichos actos.

Si pide que se investigue y se sancione a quienes han hablado sobre este tema, no queda más que verlo como una amenaza. Por más que se desdiga, finalmente ya emitió su mensaje, ya dijo lo que piensa. El gran problema estriba en que de esta forma se pueden generar nuevas agresiones contra los periodistas y defensores de derechos humanos, consideró.

César Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, coincidió en que las declaraciones hechas por Peña Nieto el jueves pasado dejan ver que no se realizará ninguna indagatoria sobre los actos de espionaje, aunque el mandatario haya invitado a las víctimas a denunciar lo ocurrido ante los organismos de procuración de justicia.

Desde el momento en que no ordena una investigación imparcial y objetiva para saber cuál dependencia hizo estas intervenciones, la carga de la prueba la está dejando en quienes denunciaron. Es un acto de hostigamiento y una amenaza velada. Lo que está haciendo es tirar línea para que se desestime cualquier denuncia, lamentó.