l miércoles 21 un corte vial para exigir al gobierno de Michoacán la entrega de becas atrasadas se saldó con cuatro estudiantes heridos, uno de ellos por arma de fuego, después de que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal arremetieran contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, en el municipio de Morelia. Tras la agresión en la que Gael Solorio Cruz, de 22 años, recibió un impacto de bala en la cara fueron cesados el director de la SSP, Fidel Ortiz Barragán, y el subdirector de la Policía Territorial, José Antonio Paniagua Arce.

A la gravedad propia de un suceso de estas dimensiones, debe sumarse el que la violenta represión contra los normalistas de Tiripetío se produzca apenas unos días después de que alumnos de este plantel fueran perseguidos y detenidos ilegalmente en el estado de Aguascalientes al regresar de un acto de solidaridad con sus compañeras de la Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, quienes protestaban contra el propósito del gobernador panista de convertir en mixto su internado femenil.

La sistematicidad con que se presentan estos episodios habla de que, lejos de tratarse de hechos aislados, los actos de hostigamiento son sintomáticos de un designio para desaparecer esos centros educativos que, debe recordarse, constituyen la única oportunidad educativa y de mejoría económica para miles de hombres y mujeres jóvenes de escasos recursos provenientes del ámbito rural, el más golpeado por el modelo económico vigente.

Un elemento adicional de preocupación se configura con las declaraciones del gobernador michoacano, el perredista Silvano Aureoles −quien dijo esperar que después de la garrotiza que les pusieron en Aguascalientes ya también le piensen un poco−, en tanto ponen de manifiesto que en las autoridades prevalecen tanto una nula voluntad de diálogo como la convicción de encarar la conflictividad social recurriendo en primer término al uso de la fuerza. Por otra parte, las expresiones del mandatario son una muestra de la persistente campaña de estigmatización que actores gubernamentales, voceros de la iniciativa privada y la práctica totalidad de los medios informativos llevan a cabo contra el normalismo rural, un empeño de linchamiento mediático que facilita la impunidad en las agresiones contra esta colectividad.

En lo inmediato, es imperativo que se esclarezcan a cabalidad los hechos ocurridos el miércoles en Tiripetío y que se finquen las responsabilidades necesarias, mientras que en un contexto más amplio debe cesar la persecución contra los integrantes de las escuelas normales rurales, la cual se ha cobrado ya varias vidas y es un elemento central en los sucesos que llevaron a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde la noche del 26 de septiembre de 2014.