La Secretaría de Gobernación (SG) dará cumplimiento a las medidas cautelares emitidas el pasado jueves por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto de indagar para dar con los autores de los casos de presunto espionaje contra periodistas y expertos en temas de transparencia y rendición de cuentas.

Funcionarios de la dependencia dijeron que se analiza el posicionamiento de la CNDH y se atienden los puntos expuestos.

La comisión subrayó que la intervención de comunicaciones privadas es sólo legal cuando se desprende de una orden judicial.

Ante ello pidió al gobierno abstenerse de aplicar tal estrategia y, en su caso, no utilizar la información recabada por esa vía ilegal.

La SG es la responsable de la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo consejo consultivo, integrado por representantes de la sociedad civil, comunicadores y académicos en activo, manifestó su rechazo al espionaje.

Esta instancia da como válida la información acerca de que el reciente caso –develado a partir de una investigación del periódico The New York Times– fue operado por el gobierno federal.

El consejo del mecanismo de protección dijo que la situación más grave se refiere al espionaje del que fue objeto el hijo de la periodista Carmen Aristegui, porque se trata de un menor de edad.

También reprobó categóricamente “las declaraciones del titular del Ejecutivo federal que –aseveró– criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente estas agresiones”.

Los consejeros lamentaron que haya periodistas y defensores observados con fines maliciosos y es posible que sólo conozcamos una pequeña parte del sector espiado.

El consejo pidió a la coordinación ejecutiva nacional del mecanismo que presente un plan de acción para dar respuesta a esta supuestas agresiones digitales.

Además, que las autoridades integrantes de la junta de gobierno del mecanismo, encabezadas por la SG, cumplan las medidas cautelares dictadas por la CNDH.

“Resulta de gran relevancia para el consejo consultivo que al menos dos de las instituciones que forman parte de la junta de gobierno del mismo, como son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, hayan adquirido el malware para espionaje, atentando contra derechos que deben proteger”, dijo.

Adicionalmente, el consejo indicó que hay un fuerte deterioro en los procedimientos empleados por el mecanismo, así como serias deficiencias en la aplicación de los planes de protección a personas en riesgo, reflejo del escaso respaldo que se tiene al más alto nivel y la cuestionable participación de algunos representantes de las instituciones que conforman la junta de gobierno, como el caso de la PGR.

El posicionamiento es firmado por todos los consejeros: Alberto Xicoténcatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola.