La Paz, BCS. El Poder Judicial de Baja California Sur presentó al Congreso local una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para anular la pensión vitalicia que los diputados autorizaron, en diciembre pasado, a los magistrados que cumplan un segundo periodo de seis años en el cargo. El artículo ocho de la ley interna del TSJE estipula que los magistrados que previa relección concluyan su segundo periodo constitucional en el cargo tendrán a partir de ese momento un haber de retiro equivalente al cien por ciento del total de las percepciones que correspondan a los magistrados en activo durante los primeros dos años, hasta llegar al 70 por ciento, porcentaje que se cubrirá a partir del octavo año de la conclusión del segundo periodo en el cargo y hasta el fallecimiento. Ante el rechazo ciudadano que provocó esta medida, integrantes de los poderes Legislativo y Judicial de la entidad acordaron modificar el artículo relacionado con el haber de retiro para los magistrados. El Congreso informó que el Poder Judicial envió una nueva iniciativa para que los magistrados reciban el haber de retiro por espacio de dos años y no en forma vitalicia. El haber será recibido una vez que concluyan su responsabilidad a los seis o 12 años de desempeño. De acuerdo con la iniciativa, los magistrados que gozarán de este haber de retiro son aquellos que terminen su periodo constitucional de seis años y no sean relectos, o bien, los que concluyan los 12 años que marca la ley como tiempo total para desempeñarse como magistrado del TSJE. La legislatura aclaró que el haber de retiro se otorga a los magistrados porque al concluir su función la ley los imposibilita para ejercer cargos públicos y la abogacía por un periodo de dos años. La propuesta precisa que si un magistrado es removido por alguna causa de responsabilidad contenida en la Constitución del estado, no tendrá derecho al haber de retiro. El TSJE está conformado por siete magistrados que cumplen un periodo de seis años en el cargo, con derecho a relegirse.

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, hizo un llamado al gobierno federal a actuar con sensibilidad y a no aumentar en febrero el precio de la gasolina, ya que ello pone en riesgo la estabilidad social, impacta negativamente en el bolsillo de millones de familias y genera inflación. Subrayó que sólo en la primera quincena de enero se registró el peor aumento en los pasados 18 años –hubo una tasa anual de 4.8 por ciento–, debido al alza a las gasolinas y otros energéticos, como el gas. Ello se traduce, apuntó, en productos y servicios “más caros y menor capacidad de los mexicanos para acceder a ellos, situación que, sin duda, se agravará con el gasolinazo planeado para febrero”, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre pasado. En un comunicado reiteró su propuesta de reducir el impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas.