Ante los cambios en la política migratoria de Estados Unidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la intervención y los buenos oficios de cuatro instancias internacionales homólogas para vigilar, dar seguimiento y, en su caso, emitir pronunciamientos y dictar las medidas encaminadas a proteger a los migrantes que residen en territorio estadunidense, pero también de aquellos que transitan hacia la región norte del continente.

Además, el presidente del organismo nacional, Luis Raúl González Pérez, señala que ante estas nuevas circunstancias es necesario que las personas defensoras de derechos humanos, las instituciones nacionales y las instancias internacionales integren un ‘‘frente común para evidenciar la ilegitimidad’’ de toda conducta que vulnere los derechos humanos de las personas.

‘‘No podemos permitir que la indiferencia haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, acciones que promuevan el menoscabo a los derechos de las personas y atenten contra la dignidad humana’’, señala el ombudsman en sendas cartas enviadas a los organismos internacionales.

De igual forma, advierte que el endurecimiento de estas políticas migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump, implican una criminalización de los migrantes, con lo cual se contribuye a que sean víctimas de discriminación, ‘‘así como a un aumento de la intolerancia, xenofobia, exclusión y violencia en su contra’’.

González Pérez dijo que si bien es cierto que los países gozan de autonomía para establecer políticas de ordenamiento migratorio, la comunidad mundial, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y bajo los acuerdos de la Declaración de Nueva York, ha ratificado su compromiso permanente en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, siempre con criterios de responsabilidad compartida y procesos ordenados que no atenten contra la dignidad humana de quienes aspiran a la paz y la prosperidad.

En un comunicado de prensa, el organismo informó que las cartas fueron enviadas el sábado anterior al relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Francois Crépeau; Setondji Roland Adjovi, presidente del grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la citada organización; Enrique Gil Botero, relator para los Derechos Humanos de los Migrantes, perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y José S. Brillantes, presidente del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios, así como los miembros de sus familias, también de la ONU.