Los abusos cometidos por las fuerzas armadas, en el contexto de la militarización de la seguridad pública, es uno de los elementos que ha generado mayores denuncias de violaciones a las garantías individuales en México, y es un factor que podría seguir presente en la ley de seguridad interior que actualmente se discute en el Congreso.

Así lo advirtió el relator especial de Naciones Unidas para la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien en entrevista con La Jornada subrayó también que los activistas en México enfrentan un panorama de creciente violencia debido a la casi total impunidad en la que quedan los ataques en su contra.

Forst visitó el país del 16 al 24 de enero y tuvo la oportunidad de recorrer los estados de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y la capital del país, como parte de una gira de trabajo que lo llevó a entrevistarse con funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo con unos 800 defensores de derechos humanos, quienes le contaron de primera mano sus inquietudes.

De acuerdo con el especialista francés, uno de los temas más importantes que analizó durante su estancia en el país es el gran número de casos de desapariciones forzadas, arrestos ilegales y confesiones arrancadas bajo tortura cometida por policías, pero también por soldados y marinos.

Hay una gran cantidad de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas que han sido documentadas por muchas organizaciones civiles y en donde estarían involucradas las fuerzas armadas. Este es un asunto que está relacionado con la ley de seguridad interior que se discute en el Congreso y es un punto que quiero analizar, destacó Forst.

Otro descubrimiento tiene que ver con la estigmatización de los activistas. “No son bien percibidos y hay campañas de difamación en su contra, donde se les califica como ‘ecoterroristas’, ‘irresponsables’ o ‘ligados al crimen’, cuando sabemos que son agentes de cambio. Son quienes protegen a los pobres y trabajan con los indígenas para defender su tierra y su medio ambiente”, subrayó.

En este escenario, resulta preocupante la impunidad de los ataques contra defensores de derechos humanos, que según reportes de organizaciones civiles llega prácticamente a ciento por ciento, resaltó Forst.

La impunidad fue uno de los primeros temas que discutí con las autoridades para encontrar soluciones concretas. Lo primero que debe hacer el gobierno es reconocer el alto grado de impunidad que hay en el país y no esconder la cara. Debe admitir que hay fallas, dijo.

Mujeres, las más agredidas

Para combatir este fenómeno “necesitas voluntad política en los más altos niveles del Estado. Estoy complacido porque escuché compromisos buenos y fuertes del secretario de Gobernación y del procurador general de la República. Ahora necesitamos ver si esas señales serán entendidas no sólo a escala federal, sino también en los estados.

–¿Cuáles son los activistas de derechos humanos más agredidos?

–Me impactó el número de casos de ataques contra mujeres defensoras y de feminicidios, y no sólo en Chihuahua, sino en otras entidades, como el estado de México. Ellas enfrentan ataques como mujeres, como defensoras y como ambas.

Son intimidadas en redes sociales o por teléfono, con amenazas contra sus familias o de violación. Además, las tratan de mostrar como enemigas del Estado o malas madres.

Otro grupo que está en riesgo son los indígenas y los defensores de la tierra y el territorio. Las empresas llegan, compran una montaña, un bosque o un lago y cavan la tierra. Se supone que los habitantes tienen que ser consultados, pero no es así; no se les consulta adecuadamente o tratan de dividir sus comunidades con ofertas de dinero.

–¿Quiénes son los responsables de los ataques: el Estado, las empresas o los grupos criminales?

–Todos ellos. Al no tener la capacidad de proteger a los defensores, el Estado es responsable de los ataques, pero también tienes a las empresas. Hay un papel tramposo de las grandes compañías, que en muchos casos son responsables de los ataques, de forma directa o indirecta, o usan grupos armados para amenazar a las comunidades.

–¿Qué tan fuerte es el fenómeno de la captura del Estado por parte de las empresas?

–En muchos países, incluyendo México, hay un vínculo directo entre los estados y las empresas que se da mediante la corrupción. Uno de los problemas que más me mencionaron los defensores es que la colusión entre las autoridades y las empresas sólo puede explicarse mediante la corrupción.

–¿Confía en que sus recomendaciones se cumplan?

–Sí, soy optimista. Si han decidido invitarme, no es sólo para cumplir con regulaciones internacionales. Voy a preparar un reporte, presentar mis recomendaciones y regresaré en dos años para ver si se han cumplido. Así que ya veremos.