En el plan de atención a las víctimas de Ayotzinapa se incluye una compensación económica por la afectación sufrida, la dignificación de la comunidad, así como medidas de protección para garantizar la integridad a corto y largo plazos de quienes resultaron perjudicados.

El Estado mexicano deberá garantizar las coberturas en el momento en que los familiares de los 43 normalistas lo soliciten, respetando su proceso individual y colectivo.

Las víctimas son los 43 estudiantes desaparecidos, sus familiares y los fallecidos a consecuencia de los hechos. Asimismo, los estudiantes y personas heridas, tanto de Ayotzinapa como del equipo de futbol Los Avispones, así como sus familias.

El plan ya está limitado y se espera el avance de las investigaciones para fortalecer cada elemento de la atención y reparación del daño.

Los montos de indemnización son regulados por la Ley General de Víctimas y las reglas de operación del fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos.

Las víctimas podrán hacer efectivo este derecho una vez que exista una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o una sentencia ejecutoria.

El tema de la compensación económica ha sido uno de los más delicados en el contexto del acercamiento de autoridades del gobierno federal y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, quienes fueron levantados por policías municipales para entregarlos a un grupo criminal.

Esa característica no sólo está dada por la gravedad de los hechos, sino porque los alumnos de Ayotzinapa no han sido localizados. Hasta ahora, según el más reciente informe gubernamental a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han identificado los restos de uno de los normalistas y hay certeza de coincidencia genética de 70 por ciento de otro.

Fuera de ello, los jóvenes siguen en calidad de desaparecidos y, obviamente, no hay elementos para proceder, si así lo aceptaran los familiares, a una indemnización por fallecimiento.

El Plan de atención a víctimas en el caso Ayoztinapa fue elaborado a sugerencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, la CNDH y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y su aplicación está sujeta a la aceptación de los padres de los jóvenes desaparecidos y de las demás víctimas. En la vinculación institucional para este fin participan también la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, entre otras instancias.

La compensación económica tiene además un enfoque de reparación colectiva a la comunidad perjudicada.

La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados, se indica en el documento.

El plan de reparación integral se realizará tomando en cuenta un estudio de impacto sicosocial a escala colectiva, familiar e individual, generado por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El análisis está a cargo de la asociación civil Fundar y se dará a conocer en breve.

Adicionalmente se definieron medidas de atención en términos de asesoría jurídica, médica y sicosocial, y relacionadas con el acceso a la verdad y la justicia, así como para garantizar el derecho a la memoria histórica de los hechos.