La propuesta de algunos legisladores de dar certeza jurídica a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no sólo puede generar más violaciones a las garantías básicas de la población, sino que también puede servir de pretexto para retrasar indefinidamente la profesionalización de los cuerpos policiacos, advirtieron organizaciones civiles.

Carlos Ventura, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que aunque el actual gobierno en algún momento prometió que el Ejército se retiraría paulatinamente de las tareas de patrullaje en las calles, en los hechos no sólo no lo cumplió, sino que está sentando las bases de la militarización permanente.

“La idea de la ‘seguridad pública’ se contrapone al paradigma alternativo de la ‘seguridad ciudadana’, basado en el respeto a los derechos humanos. Se está construyendo el andamiaje para que la militarización siga de forma indeterminada, aunque se argumente que sólo es temporal”, alertó el activista.

El modelo híbrido

Un ejemplo de que la participación de los militares en tareas de seguridad pública retrasa la labor de construir policías más profesionales es el modelo híbrido de cuerpos, como la actual Gendarmería.

Se empieza a dejar de lado el combate a la corrupción en la policía y se sustituye con modelos militarizados, en los que se habla de control de territorios y de terminar con un enemigo interno. Esto podría agudizar la crisis de derechos humanos que vive el país, sobre todo desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, subrayó Ventura.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que este es un intento de ir más allá en la legalización de la presencia de los militares, dotándolos de un marco normativo que aprieta aun más la pinza de las leyes de excepción dictadas supuestamente para combatir a la delincuencia.

Es la renuncia al control civil de las fuerzas armadas, y lo que vamos a ver es más impunidad, porque se está legitimando el actuar de los soldados. Este piso jurídico les permitirá seguir allanando domicilios sin orden expresa, colaborar en la búsqueda y detención de personas y entrevistar a presuntos responsables, añadió.

Además de lo anterior, la propuesta de legalizar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública “tiene como fondo el gran consumo de implementos de guerra y muerte, que usados para la ‘seguridad’ generan enormes ganancias para quienes son insensibles a (la muerte de) las personas que consideran daños colaterales”.