La dirigencia nacional del PAN, y senadores de ese partido, así como legisladores del PRD, expresaron que el gobierno federal debe garantizar el retorno a clases, este lunes, de todos los alumnos de educación básica.

El dirigente del blanquiazul, Ricardo Anaya, consideró que ningún niño debe quedarse sin el derecho a la educación por las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y expuso que garantizar la apertura de todos los planteles es la prueba de fuego del gobierno federal.

El senador panista Fernando Herrera expuso que en más de tres meses de movilizaciones, actos violentos y alteración de la paz y seguridad, el gobierno federal no ha sido lo suficientemente claro con la CNTE de que la reforma educativa no será abrogada.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez, evaluó que no contribuye a solucionar el conflicto el que los niños no puedan regresar a las aulas y su contraparte en el Senado, Miguel Barbosa, expuso que las negociaciones no han avanzado lo suficiente para resolver el problema de fondo.

Anaya reprochó el anuncio de la CNTE de ir a la cacería de los profesores que regresen a clases este lunes en Oaxaca y la advertencia de que podrían llevarse acciones similares en Michoacán, Chiapas y Guerrero.

Recordó el episodio lamentable ocurrido en el ciclo escolar pasado, cuando seis profesores fueron humillados en Chiapas por no secundar el paro de labores, aunque después se confirmó que los agresores no eran maestros.

Aun así, Anaya indicó: Estos actos son un delito, lo mismo que bloquear vías de comunicación, colapsar la economía de los lugares donde instalan sus plantones y, sobre todo, impedir el derecho a la educación que tienen todos los niños y jóvenes del país.

Por su parte, Martínez Neri sostuvo que la solución del conflicto magisterial está cerca de darse, por lo que el gobierno federal y la CNTE deben mantener el diálogo para encontrar ya una solución y con ello llegar a un acuerdo.

La discusión, señaló, debe ser amplia e informada en torno al modelo educativo y dijo que la propuesta de la Secretaría de Educación Pública sólo debe ser tomada como un elemento más en este proceso, de ninguna forma como un dictado desde arriba. Y el suscitado por la evaluación del desempeño comprendida en la Ley General del Servicio Profesional Docente así lo demuestra.

Barbosa planteó que la CNTE debe actuar con responsabilidad y prudencia, y contribuir para mantener una lucha democrática y pacífica. Pidió a autoridades y maestros un esfuerzo más que permita soluciones que atiendan los asuntos de fondo. Expuso que el gobierno federal debe modificar su actitud, dar prioridad al diálogo como método para solucionar el conflicto, y acompañarlo de la voluntad de contraer compromisos y otorgar garantías de su cumplimiento; de lo contrario, se genera la suspicacia de que sólo se platicó para ganar tiempo y desgastar al movimiento magisterial.