l sábado por la mañana, en el contexto de una manifestación social que reclamaba la entrega de recursos prometidos durante la anterior campaña electoral, fueron asesinados con armas de fuego el alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González; el síndico Narciso Lunes Hernández; el quinto regidor, Miguel López Gómez, y dos personas más. López González era un ex priísta que en los comicios pasados se convirtió en el primer mandatario local emanado de otro partido, al ganar con las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La noche del mismo sábado, el edil de Pungarabato, Guerrero, antiguo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego perredista, Ambrosio Soto, regresaba a su residencia tras atender un negocio de su propiedad en Michoacán cuando sufrió una emboscada en los límites entre las entidades, en la que también fallecieron su cuñado y otra persona que presuntamente se encontraría entre los agresores. Soto había denunciado amenazas de miembros del crimen organizado desde 2015, por lo que el sábado lo escoltaban cuatro policías federales, quienes resultaron heridos.

Los asesinatos de los dos presidentes municipales y personas de su entorno en el transcurso de menos de 24 horas se suman a los episodios de violencia que durante el actual sexenio han acabado con la vida de al menos 14 ediles en Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco, Morelos, estado de México y ahora Chiapas. Si se toman en cuenta los atentados contra presidentes municipales electos y ex ediles, además de quienes se encuentran en funciones, la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) calcula que desde 2006 y hasta enero de este año 75 funcionarios del ámbito local murieron en eventos de violencia armada.

Estos casos, que resultan de alto impacto político y mediático por el perfil público de las víctimas, se enmarcan en el ambiente de inseguridad que padecen de manera cotidiana los habitantes de amplias regiones del país. De tal realidad dan cuenta las cifras divulgadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las cuales en 2015 fueron cometidos 20 mil 525 homicidios, lo que representa un estancamiento en el combate a este flagelo con respecto a 2014 y refleja el arraigo de un fenómeno que pone en entredicho la viabilidad de las instancias de procuración de justicia.

Ante los hechos referidos, resulta inevitable expresar una grave preocupación por la vulnerabilidad en que se ven obligados a desarrollar sus actividades los munícipes y otras figuras de autoridad pese a los mecanismos de protección puestos a su alcance, y de manera particular por los millones de ciudadanos que no cuentan con dichas medidas especiales.

El esclarecimiento de los ataques sufridos por Domingo López y Ambrosio Soto, así como el de aquellos perpetrados contra miles de ciudadanos, independientemente de las condiciones en que se hayan producido, es condición inapelable para la prevalencia del estado de derecho y la legitimidad de las instituciones responsables de garantizar la integridad física de la población.