rácticamente no hay en todo el territorio nacional un espacio en el cual no se ejerza alguna forma de agresión contra la mujer. A diario, testimonios procedentes de diferentes ámbitos documentan con fría objetividad hechos puntuales que a fuerza de repetirse parecen uno mismo, y arrojan una desoladora cifra de víctimas de una violencia que en unos casos es invisibilizada deliberadamente y en otros –y esto es aún peor– considerada práctica corriente.
Hay, sin embargo, una especie de malsana escala en esa forma de la violencia, que permite dibujar un mapa que contiene zonas rojas
donde el fenómeno se manifiesta con especial magnitud. Una de esas zonas es, precisamente, el estado de Sinaloa, donde en lo que va de este año 41 mujeres han sido asesinadas, engrosando así la macabra estadística sobre ese particular en la entidad.
La intensidad que alcanzan las agresiones es variable, y va desde el acoso –que a su vez tiene una amplia gama de manifestaciones– hasta la privación brutal de la vida, pasando por una extensa serie de ofensas intermedias, todas inadmisibles. Los sucesos más escandalosos y truculentos reciben una atención mediática que los pone en conocimiento de la opinión pública; la gran mayoría, en cambio, son cometidos y permanecen confinados en una especie de gris penumbra informativa, que relativiza la saña de los atacantes, el padecimiento de las afectadas, la indiferencia del entorno, la inoperancia de las autoridades y –cuando llegan a intervenir– la insensibilidad de los jueces.
Todas estas actitudes son igualmente condenables; pero atentan especialmente contra la razón aquellas en las que el sistema de justicia evidencia una apatía y una prescindencia que se parecen mucho a la complicidad, y cuya consecuencia más notoria es la revictimización de las víctimas: el escepticismo y la sorna que los agentes de ministerios públicos o los elementos policiacos (de ambos géneros, por cierto) muestran cuando atienden a mujeres que han sufrido violaciones o ataques sexuales, constituye un ejemplo de esa prescindencia.
La falta de interés en un tema (que debería ser) especialmente sentido por cuanto ocasiona daños no sólo a escala individual sino también en el plano de lo colectivo, se extiende en todas direcciones. Durante la gestión del actual gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, han sido victimadas al menos 430 mujeres. A pesar de ello, de las esferas de la administración en ningún momento ha salido la alerta de género que sistemáticamente demandan agrupaciones de mujeres, organismos de derechos humanos y civiles y personalidades que sencillamente consideran inaceptable los índices que ese tipo de violencia alcanza en el estado.
Desde hace años se habla, en México, de la necesidad de sensibilizar sobre el tema al conjunto de la sociedad, pero particularmente a las autoridades de todos los niveles y todas las ramas de gestión; y si bien se han tenido saludables avances en el plano legislativo, de la salud, de la educación y al menos hasta cierto punto del sistema de impartición de justicia, todavía hay en la materia una enorme cantidad de pendientes.
