a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ayer la conclusión de las investigaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realiza desde hace más de un año en torno al caso Ayotzinapa. La entidad hemisférica consideró que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo y lamentó la decisión del gobierno mexicano de no prorrogar esos trabajos.

l gobierno federal, los empresarios tequileros más poderosos del país y los consejos reguladores del mezcal y el tequila, impulsan una reforma a la norma oficial del sector que tendría graves efectos no sólo para los consumidores, sino para el acceso de los pequeños productores al mercado, lo cual tendría consecuencias potencialmente devastadoras para los mezcaleros artesanales tradicionales, de los cuales un número importante pertenece a los pueblos originarios de México, quienes heredaron y han mantenido en evolución este patrimonio biocultural de nuestro país. Con ello se violentarían sus derechos, garantizados en leyes nacionales y tratados internacionales.

on varias ya las ocasiones en las que los altos funcionarios de la Secretaría de Educación muestran su arrogancia y su desprecio por la educación pública, al igual que por quienes fuimos preparados en ella, incluyendo a grandes figuras de la vida nacional, de lo cual seguramente no están enterados.

omo lo advertimos oportunamente en este espacio, el gobierno federal ha decidido endurecer sus posiciones frente al escrutinio independiente en materia de derechos humanos ( La Jornada, 26/03/16). En retrospectiva, los inicios de esta regresión autoritaria pueden rastrearse hasta los primeros enfrentamientos contra mecanismos oficiales de las Naciones Unidas, señaladamente la inusitada descalificación que emprendió la cancillería en contra del Relator contra la Tortura, Juan Méndez. Un intachable referente sobre la defensa de los derechos humanos en América Latina. Esta tendencia se mantendría a lo largo de todo 2015, año en el que los diagnósticos internacionales sobre la situación de los derechos humanos coincidieron en señalar que nuestro país enfrenta una grave crisis. Así lo consideraron el Comité contra la Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

esde el año pasado, el sector industrial químico-semillero está en erupción y si no lo prevenimos, su ceniza tóxica nos caerá en el plato de comida. Monsanto, la mayor empresa de transgénicos y semillas comerciales del globo, intentó dos veces comprar Syngenta, la mayor trasnacional de agrotóxicos, para establecer una megaempresa que habría sido la número uno en ambos sectores. Pero Syngenta lo rechazó y decidió fusionarse con ChemChina. Monsanto inició entonces negociaciones con otras dos de las seis gigantes globales de agrotóxicos y transgénicos, CBayer y BasfCC, para contrarrestar esa jugada. Poco antes, DuPont y Dow Agrosciences habían decidido fusionarse también. Si el hecho de que seis trasnacionales dominaran altos porcentajes de la venta de semillas y agroquímicos ya era un atentado a la seguridad y soberanía alimentaria de los países, ahora estamos ante la perspectiva de que esos mercados globales queden en manos de sólo tres empresas.