La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que en los gobiernos estatales hay fuerte resistencia a reconocer, aceptar y atender la crisis que enfrenta el sistema penitenciario, situación que se refleja en los pocos avances y hasta retrocesos reportados en las condiciones y operación de los centros de reclusión.

Al emitir el Pronunciamiento sobre supervisión penitenciaria, el organismo nacional destacó que las resistencias son evidentes en las calificaciones adversas y muy bajas que año tras año obtienen los centros de reclusión estatales, con lo cual se agravan las condiciones para que sean respetados los derechos humanos de los internos.

De acuerdo con el promedio de los pasados cuatro diagnósticos de supervisión penitenciaria realizados por la CNDH, se pasó de una calificación global de 6.41 en 2011 –primer año en que se amplió y actualizó la guía nacional para esa revisión– a 6.02 en 2014, cifra de la evaluación pública más reciente.

Según esa información, en 2014 un total de 22 entidades del país (69 por ciento) bajaron su calificación. De éstas, 14 han descendido su puntuación por dos periodos continuos o más. Los centros de reclusión de Quintana Roo y Nayarit son los peor evaluados, con 3.66 y 3.97, respectivamente. De los otros 10 estados que no disminuyeron su promedio, sólo uno mantuvo la calificación. Sólo nueve subieron su evaluación. Se miden cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física, sicológica y moral del interno; estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno, y grupos de reos en situación de vulnerabilidad. Los cinco se dividen en 39 temas, 263 indicadores y 512 subindicadores.

El organismo nacional advirtió que con el pronunciamiento no busca condiciones de privilegio para las personas que se encuentran recluidas; sin embargo, puntualiza la exigencia de que cesen las condiciones que representen situaciones de violación a los derechos humanos de los internos.

Insistió en que los diagnósticos nacionales y los pronunciamientos permiten orientar las políticas que atienden esa problemática, con el fin de acceder a un sistema penitenciario que privilegie el respeto a los derechos humanos, en cumplimiento de los instrumentos internacionales y la legislación nacional en la materia.

Explicó que la emisión del pronunciamiento es para transparentar y exponer la metodología que permite llevar cabo el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que anualmente se hace del conocimiento de las dependencias federales y locales en la materia.

Es así como se pueden identificar en detalle las condiciones de cada centro penitenciario y la calidad de las actividades y servicios sobre la base del respeto a los derechos humanos en los reclusorios.

Señala que con dicho pronunciamiento se proporcionan las bases sobre las que se debe cimentar el sistema penitenciario, en virtud de que el diagnóstico nacional se sustenta en estándares internacionales, como los criterios de Naciones Unidas y los fundamentos jurídicos, partiendo de la norma constitucional.

Cabe precisar que para la elaboración de los diagnósticos se realizan entrevistas y encuestas a funcionarios penitenciarios, además de análisis estadísticos sobre las incidencias en los reclusorios, como homicidios, riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas, todo lo cual sirve de base para que las autoridades adopten medidas para prevenir y/o atender ese tipo de situaciones con apego a la ley y respeto a las garantías básicas.