as investigaciones sobre la masacre perpetrada en diciembre pasado por una pareja en San Bernardino, California, en la que murieron 14 personas, han desembocado en una petición judicial a la empresa Apple a fin de que colabore en la desencriptación del contenido de un iPhone propiedad de los asesinos, del que las autoridades piensan que podrían extraer información útil al esclarecimiento del crimen. La compañía tecnológica se resiste a acceder a esa demanda con el argumento de que, de hacerlo, se sentaría un precedente peligroso para la privacidad y la seguridad de los usuarios de sus productos. Varias empresas de tecnología digital han expresado su respaldo a Apple, postura a la cual se unió ayer el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, quien dijo que no es correcto quitar la encriptación de los productos de consumo masivo, aunque manifestó su disposición a contribuir en la lucha contra el terrorismo mediante la regulación de contenidos en su red social y la censura de cualquier expresión favorable al Estado Islámico.

El conflicto es ilustrativo de algunos de los dilemas originados por el desarrollo de nuevas tecnologías y de las actitudes empresariales y gubernamentales al respecto, y es pertinente recordar precedentes, elementos de contexto e implicaciones.

Por principio de cuentas es importante recordar que los gobiernos en general, y el de Estados Unidos en particular, disponen de vastísimos sistemas de espionaje capaces de interferir y desencriptar en forma simultánea y en tiempo real millones de cuentas de correo electrónico, conversaciones telefónicas y mensajes de texto. La existencia de estos sistemas, conocida al menos desde hace dos décadas (como el Carnivore que empleaba la FBI, hoy obsoleto) ha sido documentada en forma exhaustiva en años recientes por Wikileaks y Edward Snowden. La vigilancia subrepticia, por lo demás, no se limita a sujetos que resultan sospechosos para la policía, sino a la generalidad de los ciudadanos e incluso a jefes de Estado y de gobierno. En el caso de México, por ejemplo, está comprobado que en el sexenio pasado la Agencia de Seguridad Nacional de Washington intervino la cuenta de correo de la presidencia y el teléfono celular de Enrique Peña Nieto cuando éste era candidato presidencial, y que extrajo de él miles de mensajes de texto.

Es importante considerar, por otra parte, que compañías de búsqueda en línea, redes sociales y correo, como Facebook y Google, han sido descritas por Julian Assange como grandes redes de espionaje, dedicadas, en primera instancia, a recabar toda la información posible de los usuarios, y que hay elementos para sospechar que tal espionaje no tiene únicamente propósitos comerciales (ubicar a un usuario en un nicho determinado de mercado para luego bombardearlo con publicidad), sino también policiales y represivos.

Con estos antecedentes, resulta difícil creer en la autenticidad de la actual disputa entre las autoridades judiciales del país vecino y la firma fundada por Steve Jobs. La petición de los fiscales que investigan la matanza de San Bernardino y la renuencia de Apple a entregar la información requerida parecen más bien un doble empeño por tender una cortina de humo sobre las prácticas de espionaje del gobierno del país vecino y por dejar a salvo la imagen mercadológica de la empresa.