Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) un recurso amicus curiae (amigos de la corte), en la que expresan, como terceros interesados, su postura en torno a la inconstitucionalidad del delito de ataques a la paz pública previsto el Código Penal de la Ciudad de México.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps) y el Instituto de Justicia Procesal Penal advierten con preocupación que en fechas recientes se han presentado o aprobado leyes y reglamentos que de forma injustificada pretenden, tanto a escala federal como estatal, regular el espacio público y la expresión social.

Además, expresaron la preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han documentado y denunciado la forma en la que estas leyes y reglamentaciones buscan de manera reiterada, inhibir y limitar el ejercicio de derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, la protesta, la reunión y la asociación pacífica.

En el documento citan diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que ha señalado que el uso del derecho penal no es la forma más adecuada para limitar la libre expresión.

Incluso, destaca que la paz pública debe rehuir toda vocación autoritaria y ha de provenir de una valoración social asentada en el reconocimiento del juego democrático y de los derechos de los ciudadanos, de modo que la paz pública coexista con desórdenes accidentales y perturbaciones de la tranquilidad que no produzcan un daño grave y duradero de la paz pública. El juego de las instituciones democráticas puede ocasionar algunas incomodidades, dice.