Jorge Serrano Limón, dirigente del comité nacional Provida y acusado de un presunto desvío de 25 millones 764 mil 539 pesos, compareció este jueves en una audiencia judicial a la que no se permitió el acceso a los medios de comunicación, aunque a decir de funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) consultados por La Jornada el acusado optó por permanecer en silencio. Al final de la diligencia sus abogados pidieron al juez que autorice la libertad provisional de Serrano Limón y le fije una fianza para ello.

Hasta el cierre de esta edición el juzgado primero de distrito con sede en el Reclusorio Norte no había notificado a Serrano si autorizó la libertad bajo caución, pero en caso de que proceda implicará una garantía superior a los 25 millones de pesos.

Los abogados del detenido pidieron ayer al juzgado la duplicidad del término constitucional (prevista en el artículo 19 de la Carta Magna), por lo que contarán con seis días naturales para aportar pruebas a favor de su defendido, y evitar con ello un auto de formal prisión.

En caso de que el juez de procesos penales niegue la libertad provisional, los defensores del dirigente de Provida pueden tramitar un amparo y pedir al juez federal en esa materia una suspensión temporal con la que también se puede ordenar su excarcelación.

La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Serrano Limón el pasado miércoles en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión que enfrenta por un presunto peculado. El delito no es considerado grave por las leyes penales, por lo que permite la libertad provisional a quien sea acusado del mismo.

La PGR informó el miércoles pasado que la acusación contra Serrano Limón deriva de la revisión realizada a la asociación civil que presidía por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la cual detectó diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el gobierno federal le había asignado para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer.

La ASF detectó desvío de recursos públicos por un total de 25 millones 764 mil 539 pesos, por lo que se inició la averiguación previa por el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción uno, del Código Penal Federal vigente.