l titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray Caso, fue testigo de honor en un acto oficial celebrado ayer por dependencias federales, organismos autónomos y entidades privadas del sector financiero para crear un frente común contra el robo de identidad del que son víctimas miles de personas cada año en México. De acuerdo con el funcionario, esta iniciativa marca el lanzamiento de una política que hará prioritaria la protección de la identidad y la minimización de las vulnerabilidades en la materia.
Como este diario ha dado cuenta en fechas recientes, los problemas asociados con el robo de identidad han crecido de manera exponencial en nuestro país, que actualmente ocupa el octavo lugar a escala mundial en la comisión de dicho ilícito. En este sentido, el presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario di Constanzo Armenta, informó que en 2015 la institución a su cargo recibió 59 mil 250 denuncias por presunto robo de identidad, cifra que muestra un preocupante crecimiento en comparación con las 4 mil 562 quejas por ese ilícito recibidas en 2011.
En este contexto de indefensión de los ciudadanos y los usuarios de servicios financieros ante un delito que pone en riesgo su seguridad patrimonial e incluso su situación jurídica, cabe saludar como positivo que autoridades e iniciativa privada reconozcan la gravedad del problema y acuerden acciones encaminadas a contener lo que hoy es un fenómeno fuera de control.
Sin embargo, es necesario hacer dos puntualizaciones importantes para que este esfuerzo no se traduzca en nuevos dolores de cabeza y daños patrimoniales para los ciudadanos a quienes presuntamente se busca proteger. En primer lugar, no debe olvidarse que la responsabilidad de cuidar los datos de los consumidores –de servicios financieros o de otro tipo– corresponde a las empresas que manejan la información proporcionada por sus clientes, mientras que los datos de los ciudadanos están a cargo de las instancias de gobierno y los organismos autónomos que los recaban con fines administrativos. Mezclar la información de que disponen ambos sectores abre la puerta a prácticas indebidas por una u otra parte, ya sea con propósitos comerciales o de vigilancia.
Por otro lado, debe alertarse contra el supuesto de que la centralización del manejo de los datos garantiza que éstos se encuentren a buen resguardo, tema particularmente delicado en el contexto de generalizada descomposición institucional que atraviesa nuestro país. Debe considerarse, por lo demás, que la desconfianza de un amplio sector de la ciudadanía en el manejo de su información personal por parte de organismos centralizados se funda en el precedente de reiteradas filtraciones de bases de datos de organismos tan importantes como el Registro Nacional de Electores.
Ante la escasa confiabilidad de las instituciones deberá ponerse toda la atención en el diseño de mecanismos de salvaguarda para prevenir el riesgo de un desvío masivo de información que derive en usos inapropiados o delictivos de los datos recabados. Para ello, resulta ineludible que dicho diseño cuente con mecanismos operantes de fiscalización y transparencia que den certeza a ciudadanos y consumidores.
