e acuerdo con un reportaje divulgado ayer, los directivos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizan gastos suntuosos y ejercen de manera discrecional los recursos públicos que les son asignados para cubrir sus viáticos en viajes internacionales. Como ejemplo, se cita que el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Jorge Pulido Vázquez, gastó 500 dólares en dos taxis y dos comidas en Frankfurt, mientras una funcionaria usó su asignación para cenar caviar, salmón y champaña en un restaurante de lujo en Londres. De acuerdo con el titular de la SFP, Virgilio Andrade, esta problemática será resuelta gracias a la ley de transparencia aprobada el año anterior.
Más allá de estos episodios, el hecho es que de acuerdo con las leyes actuales los funcionarios de la propia entidad encargada de vigilar el gasto público y combatir la corrupción no están obligados a presentar reportes del uso de sus viáticos. Esta situación, además, abre la puerta a que los funcionarios retengan para fines personales el dinero asignado para el cumplimiento de sus funciones oficiales.
Este ejercicio discrecional y dispendioso de recursos públicos resulta inaceptable en cualquier contexto, pero es causa adicional de indignación en el escenario actual que atraviesa México. En este sentido, debe recordarse que esta misma semana el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, anunció un recorte preventivo
de 132 mil millones de pesos al presupuesto de este año –0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB)–, de los cuales 100 mil millones corresponderán a Pemex, antaño la principal fuente de ingresos del Estado.
Como elemento agravante cabe señalar el que estos episodios se den a conocer en medio del vacío legal que supone la ausencia de reglamentación secundaria para la reforma constitucional por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de 2015.
No obstante que dicha reforma fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, hasta la fecha no se ha presentado ninguna propuesta para ponerla en operación, lo cual coloca en entredicho la confianza mostrada por el secretario de la Función Pública en que dicha reforma termine con la opacidad presente en la dependencia a su cargo. Así, este episodio se suma al descrédito que acompaña a Virgilio Andrade, cuya designación por el titular del Ejecutivo provocó inconformidad y ahondó la crisis de credibilidad que atraviesa la actual administración.
Ante tales circunstancias, es urgente que las autoridades, y en primer lugar el titular de la SFP, tomen las medidas pertinentes para poner fin a una situación que abre la puerta a todo tipo de anomalías y recuperar la confianza de los ciudadanos.
