Con un presupuesto de 2 mil 349 millones de pesos para el fortalecimiento de la Calidad de los servicios de salud, la falta de coordinación entre la Secretaría de Salud (Ssa) y los gobiernos de los estados, así como la carencia de criterios para la aplicación de recursos e indefiniciones en la población potencial beneficiaria, propiciaron que sea uno de los rubros con mayor subejercicio, pues sólo se gastaron 469 millones de pesos.

De acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2014 efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como con las auditorías practicadas al ejercicio de gasto federalizado, al menos 10 entidades no ejercieron un solo peso de los 712.6 millones que les fueron asignados, entre ellas destacan el Distrito Federal y Veracruz, con partidas de 96.3 y 138.9 millones de pesos.

Dicho programa fue afectado por una reducción presupuestal, pues originalmente le habían asignado 4 mil 113 millones de pesos.

Del monto efectivamente asignado, la Ssa estableció convenios con los gobiernos estatales para las transferencias, pero adolecen de regulaciones básicas: no se pactaron bajo principios que privilegien la transparencia y rendición de cuentas, ni se fijó un principio de anualidad para ejercerse en 2014 y no se estableció temporalidad para su ejercicio.

Por ello, al menos 10 entidades no ejercieron los recursos: Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

Más aún, la entidad más eficaz en ejercer los recursos fue Nuevo León, y apenas gastó 68 por ciento de lo que le asignaron.

En su diagnóstico, la ASF señala las insuficiencias del programa: carece de documento normativo, no cuenta con criterios de entrega de recursos con base en la detección de necesidades, adolece de una población potencial objetivo y existen inconsistencias en las metas.

En el caso de Veracruz, la ASF indica la existencia de posible daño patrimonial por el monto total asignado por la Federación, pues hubo transferencia de recursos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno estatal, por lo que determinó iniciar un procedimiento administrativo sancionador y una posible denuncia penal.

Por lo que hace al Distrito Federal, se advierte que en 2014 no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegado a la normativa que regula su ejercicio, además de que no reportó el avance de metas.