La Cruzada Nacional contra el Hambre no cumplió el objetivo de abatir la carencia alimentaria debido a deficiencias en el diseño de la estrategia, la focalización de acciones y la coordinación de programas, señala el análisis de la cuenta pública 2014 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encargada de la cruzada, durante la gestión de Rosario Robles no comprobó el cumplimiento de indicadores, como el mejoramiento del ingreso y la atención a todas las carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria, señala el informe.

La ASF indica que la Sedesol tampoco reportó avances sobre la meta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de bajar a cero en 2018 la condición de pobreza de 7 millones de mexicanos incluidos en la Cruzada nacional contra el hambre, estrategia insigne de la administración.

Advierte a la Sedesol que debe perfeccionar el diseño de la estrategia, focalizar con precisión a la población objetivo y coordinar las acciones de los programas para abatir la condición de pobreza extrema alimentaria.

Al analizar los resultados de 2014 de la cruzada en cuanto al diseño de la estrategia, la ASF encontró que no hay definición del concepto pobreza extrema alimentaria y tampoco existe una ley que reglamente el derecho a la alimentación, en la cual se defina el problema, la población objetivo, se mandaten los apoyos y se regule la transversalidad de la política pública para que haya mejor coordinación.

Agrega que para 2014 operarían 90 programas federales, pero sólo 53 por ciento correspondieron a planes con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos.

En cuanto a la focalización, indica que las deficiencias en este rubro se reflejaron en una incorrecta coordinación de acciones de los programas que participaron en la cruzada, ya que de 64 sólo 55 definieron 79 acciones. Sin embargo, las metas no tienen referentes y no se puede asegurar que se dirigieron únicamente a la población objetivo.

Advierte que esas deficiencias no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a derechos como servicios y calidad de vivienda, educación, salud, seguridad social e ingreso de 7 millones de personas en pobreza extrema alimentaria.

Señala que no hay garantía de que la cruzada haya contribuido a erradicar la prevalencia de hambre en esa población y recomienda a la Cámara de Diputados analizar la pertinencia de contar con una ley general de alimentación, reglamentaria del artículo cuarto constitucional.

En cuanto a los comedores comunitarios, la ASF indica que hubo deficiencias en la definición de la población objetivo. Un problema de este programa es que cierra ocho días al mes, por lo que los beneficiarios viven 24 experiencias de hambre en tres meses, así que se mantienen en condición de pobreza por carencia de acceso a la alimentación.