El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, admitió que a la fecha no hay una sola sanción contra desarrolladores inmobiliarios que hicieron uso abusivo de la norma 26.

Al último bimestre del año pasado la Seduvi había interpuesto 14 demandas de lesividad e integraba más de medio centenar de expedientes contra empresas que obtuvieron certificados para construir viviendas de interés social o popular, cuyo valor máximo de venta al público era, de acuerdo con el salario mínimo de 2014, de 368 mil 412 y 736 mil 825 pesos, respectivamente, pero llegaron a vender hasta en 6 millones de pesos. Además, al amparo de la norma construyeron un mayor número de viviendas y niveles.

Tras reunirse con integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el funcionario respondió –a pregunta expresa sobre dichas denuncias– que los procesos siguen su marcha por las vías judiciales; todavía no tenemos una conclusión.

El presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, Manuel Granados, dijo por su parte que la nueva norma no significará un borrón y cuenta nueva que legalice los desarrollos que se realizaron violando la norma; por el contrario: que haya castigo para quienes en el pasado abusaron de ella.

Ayer, la mesa técnica en la ALDF que trabaja la propuesta para sustituir la norma 26, continuó la revisión e hizo cambios al documento. Al salir, el titular de la Seduvi afirmó que no hay prisa ni plazo para terminarla; estamos en un ejercicio colectivo, escuchando las distintas voces para lograr un instrumento que sea acorde con la política de la ciudad, pero que sí recoja distintas opiniones.

Granados dijo, sin embargo, que se plantea convocar la próxima semana al periodo extraordinario, y mantuvo la norma 26 en la agenda a desahogar.

Gutiérrez negó que el proyecto esté atorado, pero se abstuvo de pronunciarse sobre posturas que se han expresado en las reuniones, entre éstas, emitir una norma que se refiera sólo a vivienda de interés social, dejando fuera la popular y media, como aludieron ayer la diputada Ariadna Montiel Reyes y el representante del Instituto de Vivienda, Ignacio Cabrera Fernández, durante las mesas de trabajo con representantes de pueblos y barrios originarios y de comités ciudadanos.

En tanto, Susana Kanahuati, enlace de la asociación de vecinos Suma Urbana, acusó a la ALDF de cerrar la puerta a muchos vecinos que se han opuesto al proyecto de nueva norma 26 en las dos reuniones más recientes para analizar el documento.

Indicó que sólo han sido invitados representantes de los cotos de poder del PRD, a quienes promueven como representantes de pueblos originarios. Ellos, los diputados, dicen que están convocando a la parte técnica, pero muchos de los vecinos que nos oponemos tuvimos que ir de colados porque realmente los únicos invitados son los grupos de poder perredistas.