e acuerdo con un informe anual presentado ayer por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), sólo 4 de cada 10 integrantes de la población económicamente activa realizan aportaciones a los fondos para el retiro; en consecuencia, el 60 por ciento restante carecerá de una pensión al término de su vida laboral. En el mismo documento el organismo advirtió que en el país prevalecen sistemas de pensiones de reparto que son financieramente inviables y que consumen cada vez más recursos que debían destinarse a la inversión en bienes públicos y señaló que entre más tarde sea la reforma de dichos planes en la materia, mayor será el costo para toda la sociedad en su conjunto.

Más allá de la frialdad del dato estadístico comentado, éste da cuenta de una situación que constituye una bomba de tiempo para el país, principalmente en el ámbito económico. En efecto, a la pérdida de competitividad que representará el hecho de tener una población cada vez más vieja se sumará la amenaza de un sector amplio de mexicanos y mexicanas que previsiblemente carecerán de los recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades elementales. Ello a su vez se traducirá en un mercado nacional cada vez más deprimido, con una pérdida crónica de consumidores.

Los riesgos políticos y sociales vinculados con esa situación están a la vista. Por una parte, los adultos en edad de jubilación que se queden sin una pensión generarán, de manera inevitable, una intensa y peligrosa presión social sobre las instituciones públicas, que son las que deberán enfrentar en forma directa la comprensible demanda de servicios de salud, alimentación y asistencia de esa población. Por otra parte, la falta de recursos representará una amenaza de desgaste y confrontación adicional en entornos familiares, lo cual puede causar daños adicionales en un tejido social de por sí desgarrado.

Ante estos elementos de juicio, es evidente que el sistema actual de pensiones debe ser sometido a un proceso de revisión profunda, como afirma el documento de la Consar, pero no precisamente para eliminar aquellos modelos que resultan financieramente inviables en la lógica tecnocrática imperante, sino para identificar y corregir las fallas estructurales y las consecuencias negativas del formato impuesto al país hace dos décadas, empezando por su potencial generador de exclusión social.

En efecto, en dicho esquema la administración de los recursos para las jubilaciones de los trabajadores ha dejado de ser vista como un factor de seguridad económica y de bienestar social para convertirse en un instrumento de especulación financiera en beneficio de un puñado de empresas privadas, en su mayoría extranjeras.

Para la mayoría de los asalariados que cuentan con algún sistema de ahorro para el retiro, ese viraje ha representado una afectación constante a sus intereses, ya sea a consecuencia de malos resultados en las inversiones que se realizan con sus ahorros en los mercados bursátiles o bien como resultado de los cobros, injustificablemente altos, que suelen hacer los bancos por concepto de comisiones.

Por añadidura, en un entorno caracterizado por la falta de empleo formal, el rezago social inveterado y la insuficiencia de servicios de salud y atención de los sectores vulnerables, la pertinencia de ese sistema se convierte en un factor de riesgo inaceptable y peligroso para el Estado.