La tortura sigue siendo práctica generalizada en la actuación de fuerzas policiacas, militares y de seguridad en México. Pese a ello, es habitual que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, agentes del Ministerio Público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos justifiquen, toleren o hagan caso omiso de este delito, afirma Amnistía Internacional (AI).

En su informe Tortura y otros malos tratos, que presentará este jueves en la ciudad de México y del que La Jornada tiene copia, el organismo internacional documenta la actuación de las corporaciones de seguridad del país y los tipos de tortura en que incurren contra víctimas por lo general de sectores vulnerables, como indígenas, migrantes, mujeres y menores de edad.

Agrega que la tortura se usa a menudo para obtener confesiones y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían o no estar implicadas en un delito, lo que se traduce en juicios y condenas dudosas y envía a prisión a muchos inocentes.

En el informe, AI hace enfásis en la falta de castigo para quienes aplican la tortura y otros malos tratos. El resultado es una impunidad casi total para los autores de abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier detención pueda desembocar en torturas.

Señala que entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 7 mil 164 quejas por tortura, pero ninguna terminó en una condena por ese delito.

Además, datos de enero de 2014 del Consejo de la Judicatura Federal revelan que entre 2005 y 2013 los tribunales federales atendieron 123 enjuiciamientos por esa práctica y sólo siete culminaron en condenas, mientras que en el fuero estatal, hasta 2013 sólo se habían registrado cinco condenas por tortura.

De acuerdo con las cifras de la CNDH, destaca AI, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto las quejas por tortura son menos que las presentadas en el último año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: mil 505 en 2013 y 2 mil 114 en 2012. Aunque el número de recomendaciones que confirman ese delito es mayor: 13 en el primer año de Peña Nieto y 11 en el último de Calderón.

Para la elaboración del informe, AI se basó en una serie de entrevistas con personas que han sido víctimas y sobrevivientes de tortura y malos tratos en años recientes, que se presentan en el documento: “Te acostaban y, tirado, te golpeaban, y después te agarraban entre tres: uno te echaba el tehuacanazo en las narices”, relató a AI Juan Gerardo Sánchez.

Un migrante hondureño indocumentado narró su experiencia con la policía municipal de Saltillo, Coahuila, en su tránsito por México: “Ya adentro me decían que me iban a matar, que era un ‘pinche migrante’ por el que nadie se iba a preocupar. Me metieron agua mineral por la nariz, me amarraron con cinta adhesiva manos y pies. Me dieron golpes en estómago y pecho, me asfixiaban con una bolsa en la cabeza y me exigían que les dijera quién me vendía la droga. Yo no sabía de qué me hablaban”.

Algunos métodos de tortura usados en México que documenta AI son: golpes con puños, botas, culatas de fusiles y palos; introducción de agua gasificada o chile por la nariz; amenazas de muerte y de desaparición forzada; descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo; simulacros de ejecución; semi asfixia; posturas de tensión, violación y otras formas de violencia sexual –en particular contra las mujeres–, así como amenazas contra familiares de los detenidos.

Entre las conclusiones del informe AI señala que las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno siguen tolerando el uso generalizado de esta práctica, aun cuando existe una legislación relativamente rigurosa para su prevención y castigo; que los informes sobre tortura y otros malos tratos en el país aumentaron a partir de 2006, cuando se emprendió la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, y que en 2013 hubo 600 por ciento más denuncias por este delito ante la CNDH que en 2003.

AI agrega que las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas falsas suelen estar estrechamente ligados al uso de la tortura y otros malos tratos, además de que los exámenes médicos aplicados a las víctimas para investigar la tortura no cumplen las normas internacionales.