Bajo total hermetismo y después de año y medio de estudios, consultas, análisis y negociaciones coordinadas por el ex gobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, el gobierno federal decidió la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

Por ser una decisión de Estado, los participantes en el proyecto fueron invitados por convocatoria expresa; ahora vendrá el proceso para desarrollar la ingeniería de un aeropuerto con el que se busca, por lo menos, triplicar la recepción de pasajeros, remontar la caída en el transporte de carga y dar cabida a las aeronaves de instancias de seguridad nacional.

Entre los consultados y convocados a la presentación de proyectos estuvieron los despachos arquitectónicos Gómez-Pimienta Magar, Gensler de México, González de León, Fentress Architects, Legorreta Hernández, Rogers, López Guerra, Jean LLC, Norten, Skidmore, Owings & Merrill, Serrano Cacho, Zaha Hadid Architects, Javier Sordo Madaleno, Bringas, Pascall+Watson, así como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

En breve se iniciarán las licitaciones para construir el aeropuerto en el que se invertirán 169 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil 700 millones se destinarán a obras sociales; 16 mil 400 a obras hidráulicas; 20 mil 500 al diseño de ingeniería y gestión del proyecto, y 127 mil 400 millones a la infraestructura aeropoertuaria: terminal, torre de control, pistas e instalaciones auxiliares.

La decisión de construir la nueva terminal está acompañada de una serie de consideraciones sobre la mejor alternativa y la puesta en marcha de varias acciones para mantener en operación de manera segura el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Entre las opciones se consideró trasladar operaciones a aeropuertos alternos, como los de Toluca, Morelos, Querétaro y Pachuca. En las negociaciones con las aerolíneas para mantener actividades en el AICM se trató el reordenamiento de slots, la promoción de incentivos para que regresen o trasladen vuelos a la terminal de Toluca y en el último año el gasto de 339 millones de pesos para el mantenimiento de una pista y otras obras de infraestructura en la terminal capitalina.

El gobierno federal debe elaborar un calendario transparente sobre la realización de las obras y el gasto de recursos, y explicar a la población de lugares como San Mateo Atenco por qué no serán afectados con la que, se dice, será la mayor obra de infraestructura que después de 62 años reinserta a México en la modernidad, señaló Alejandro García Lara, especialista del Tecnológico de Monterrey.

Explicó que la cantidad de pistas y su longitud determinará la capacidad de operaciones y permitirá que el país se reposicione tanto en el transporte de pasajeros como en el manejo de carga, negocio en el que México ha perdido competitividad, además de que le permitirá albergar aeronaves de entidades de seguridad nacional.

Alejandro García dijo que en proyectos de este tipo se entiende la necesidad de reservar información para evitar la actividad especulativa, como ocurrió con las tierras de Hidalgo donde presumiblemente se construiría una refinería. Sin embargo, agregó, el Ejecutivo debe informar con claridad de dónde se obtendrán los recursos y cómo se gastarán.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, dijo que ésta y otras obras de infraestructura son una oportunidad para usar las asociaciones público-privadas como vía para promover la inversión, previa reforma integral de la gestión pública que evite corrupción y opacidad.

La preocupación de la academia y el sector privado tiene fundamento en las licitaciones, ya que el proyecto incluye obras hidráulicas para la creación de mil hectáreas de nuevas lagunas, 24 plantas de tratamiento, un bosque metropolitano, escuelas, hospitales y zonas habitacionales; se entubarán 25 kilómetros de drenaje para evitar inundaciones y se generará biogas a partir de depósitos de basura. Asimismo, está en análisis la construcción de 12 proyectos viales de casi 200 kilómetros; y siete de transporte público, como el Mexibus Vía Morelos, la ampliación de las líneas 4 y 6 del Metrobús, y el Metrobús Pantitlán-Periférico Oriente, entre otros.