La confianza de la sociedad en sus instituciones, de cara a la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sólo se fortalecerá mediante el respeto de todas las autoridades a los derechos humanos de los gobernados y cuando el combate a la impunidad sea la regla y no la excepción, sostuvo este miércoles el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al participar en la firma de la solicitud al Congreso de la Unión para que emita la declaratoria del inicio gradual de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales –ceremonia en la que también participaron Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, y Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad, entre otros–, Silva Meza indicó que el nuevo código ayudará a modificar la actitud de la impartición de justicia ante los ciudadanos y contribuirá a recuperar su confianza.

En su oportunidad, Rubido García, quien acudió en representación de la Secretaría de Gobernación, dijo que la aplicación gradual de dicha legislación secundaria comenzará en noviembre próximo en Durango y Puebla, y continuará en las demás entidades hasta enero de 2016.

Silva Meza señaló que el nuevo código se aplicará en cinco etapas: la primera, en Durango y Puebla, el 24 de noviembre; la segunda, en Yucatán y Zacatecas; la tercera, en el primer trimestre de 2015, en Baja California; la cuarta, en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos, y la última, en los demás estados, comenzará en enero de 2016.

Estamos convencidos de que (el sistema acusatorio) ayudará a transformar fundamentalmente la cultura penal y a cambiar las actitudes que han caracterizado la impartición de justicia en esta materia. Nuestra búsqueda es consolidarnos como una institución que brinde confianza a la sociedad, destacó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

La reforma constitucional de 2008 estableció un periodo de ocho años para que el nuevo sistema de justicia penal –que incluye la adopción de juicios orales– opere en todo el país a más tardar en junio de 2016.

Añadió que la reforma penal nos aclarará a todos que las víctimas del delito no pueden ser revictimizadas por actos de las autoridades; que los procesados no pueden ser víctimas tampoco del Estado; que México apuesta por un régimen penal sometido al respeto al estado de derecho y de los derechos humanos.