Hace cinco meses, un juzgado de distrito concedió un amparo interpuesto por diversos grupos de trabajadoras y trabajadores sexuales, en una decisión inédita en el sistema jurídico mexicano que le permitirá a los beneficiarios ser reconocidos como trabajadores no asalariados y formar sindicatos para defender sus derechos laborales.

Jaime Montejo, integrante del colectivo Brigada Callejera, explicó que el pasado 21 de febrero la jueza Paula María García-Villegas, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, aceptó el amparo solicitado hace un par de años por un grupo de trabajadoras sexuales, luego de un operativo contra la trata de personas en donde fueron aprehendidas 97 de sus compañeras en La Merced.

Este recurso –presentado por los abogados Bárbara Zamora y Santos García, del bufete jurídico Tierra y Libertad– le permitirá a las y los sexoservidores ser considerados trabajadores no asalariados y formar sindicatos en defensa de sus intereses, puntualizó Montejo luego de participar en el 13 Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

Asimismo, al conceder el amparo la magistrada determinó que es inconstitucional la fracción séptima del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, donde se establece que los trabajadores sexuales y sus clientes pueden ser detenidos por la policía si hay una queja vecinal en su contra, pues consideró que las autoridades son las únicas encargadas de definir el sitio donde puede realizarse esta actividad y no es asunto de particulares.

Conformado el primer sindicato en la ciudad de México, indicó el activista, el siguiente paso sería crear filiales en otros estados de la República –si es necesario a través de nuevos amparos– y desarrollar proyectos productivos, educativos y de vivienda.

De igual forma, dijo, habría que pugnar por la revisión del delito de lenocinio, para que los dueños de lugares donde se ejerza el comercio sexual no forzado y no relacionado con la trata de personas, puedan cumplir con sus obligaciones patronales sin temor a ser criminalizados.

Poderse registrar como trabajadores no asalariados y tener derecho a agremiarse permitirá a las y los sexoservidores escapar de los modelos de credencialización impulsados por gobiernos municipales y estatales cuyo propósito es hacer negocio con este sector al obligar a sus integrantes a hacerse pruebas de VIH y pagar por obtener licencias de control sanitario, añadió.

Según cálculos de organizaciones independientes, apuntó Montejo, en el país habría unas 800 mil personas que se dedican al trabajo sexual –una cuarta parte de ellas menores de 18 años–, quienes aportan hasta 2 por ciento del Producto Interno Bruto.