l presentar la más reciente edición de sus Perspectivas económicas mundiales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo de 3 a 2.4 por ciento la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año. El análisis del FMI coloca a nuestro país con una perspectiva de crecimiento incluso menor a la presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2.7 por ciento) y se suma al anuncio formulado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de que la economía nacional, medida a partir del indicador global de la actividad económica, se había contraído 0.12 por cuento en mayo pasado.

Ciertamente, la severa caída en las proyecciones de este año para México se inscribe, en lo que respecta al FMI, en el marco de una reducción global de los pronósticos de crecimiento económico. De hecho, el organismo presidido por Christine Lagarde señaló que algunos de los factores del presente estancamiento son coyunturales y que se podrán superar en la medida en que los gobiernos nacionales impulsen reformas más profundas, que equivale a decir reformas neoliberales.

En el caso de México, sin embargo, a esos supuestos factores exógenos han de sumarse las agravantes internas de siempre: la dependencia de la economía nacional respecto de la nación vecina, el abandono de la industria y del campo, el déficit de empleos y la política de contención salarial. Lo coyuntural, en el caso de nuestro país, es la aprobación de un nuevo ciclo de reformas estructurales, como las que preconiza el FMI, las cuales, según puede verse, han empezado a profundizar la debacle económica antes que atenuarla.

Para nadie es un secreto que el incremento en la carga impositiva aprobado el año pasado ha mermado aún más el poder adquisitivo de las familias –de por sí castigadas por décadas de contención salarial– y que representa una carga adicional para los sectores productivos, inhibe la actividad económica, la generación de empleos y produce contracciones como la observada el mes antepasado, según el reporte del Inegi.

Es previsible, por otro lado, que el traslado de la industria petrolera a manos privadas, que se encuentra aún en fase de reglamentación, pero que parece un hecho, derivará en la pérdida de la principal fuente de ingresos del sector público, lo cual se traducirá, a la postre, en crecimiento de la marginación, el desempleo, la insalubridad y el déficit educativo.

La superación de la circunstancia de estancamiento económico que ha padecido el país en los últimos sexenios –y que se traduce en la reproducción de los rezagos sociales inveterados y en zozobra generalizada– requiere de una política económica que sea capaz de reactivar el mercado interno y de crear empleos, no de reformas legales que profundicen el desmantelamiento de la propiedad pública, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el agobio fiscal de la población, el encarecimiento generalizado de productos y servicios, y demás medidas que deprimen la economía real. Sólo de esa manera se podrán revertir las causas profundas del estancamiento económico que padece el país desde hace décadas.