Viernes 25 de julio de 2014, p. 12
Diputados de PRD y PT informaron que presentarán los casos de Nestora Salgado, José Manuel Mireles y la agresión a los pobladores de Chalchihuapan, Puebla, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los relatores especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, y de Tortura y Tratos Crueles.
La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) explicó que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, intentó engañar con su propuesta de derogar la denominada ley bala, porque ésta seguirá aplicándose en tanto no exista otra norma que regule el uso de la fuerza pública ante movilizaciones sociales.
También denunció que Moreno Valle echó a andar un mecanismo de propaganda, con videos que son transmitidos en televisión, a partir de secuencias editadas para hacer aparecer a los pobladores de Chalchihuapan como responsables de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Por su parte, el diputado Roberto López Suárez dijo que se solicitará al gobierno de Guerrero la destitución del procurador Iñaki Blanco, después de que la administración de Ángel Aguirre Rivero rompió su compromiso de desistirse de los cargos contra Nestora Salgado, los cuales fueron fabricados por el titular del Ministerio Público.
Cuestionó que la mesa de negociación a la que accedió Aguirre Rivero ha derivado en la ausencia de acuerdos, que sólo buscan dar largas a los diputados federales.
Los delitos federales por los que fue acusada Nestora Salgado ya han sido retirados y la Procuraduría General de la República ha aceptado que no se le puede perseguir por secuestro y portación de arma, debido a que está amparada en la ley 701 de Guerrero, como responsable de un grupo de policía comunitaria. Entonces, ¿por qué el gobierno de Guerrero la sigue reteniendo en un penal de alta seguridad en Nayarit?
El diputado José Luis Muñoz Soria (PRD) dijo que Mireles ha sido tratado como delincuente, cuando es un defensor de derechos sociales
, y hasta ahora no se han presentado pruebas que acrediten los cargos que se le imputan.