El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar admitió ayer la controversia constitucional en la que el Ejecutivo federal demandó al gobernador y al Congreso de Chiapas por no haber cumplido los lineamientos establecidos en la reforma constitucional en materia educativa.

Zaldívar se convirtió en el primero de los ministros –de los cuatro que fueron designados en las controversias relacionadas con la reforma educativa– en firmar el acuerdo de admisión y en enviar a la secretaría de acuerdos de la SCJN el oficio correspondiente en el que emplaza a las partes involucradas a alegar lo que a su derecho corresponda en un plazo de 30 días hábiles.

Trascendió que en este asunto, el Ejecutivo federal no solicitó la suspensión en la aplicación de la legislación del estado de Chiapas.

Se prevé que en las próximas horas los demás ministros hagan lo propio en los mismos términos y así inicie el proceso de presentación de pruebas y alegatos para que, posteriormente, cada juzgador elabore el proyecto de dictamen correspondiente y se discutan en el pleno.

Las controversias presentadas por el Ejecutivo federal en contra de Chiapas y Michoacán coinciden en impugnar artículos de la ley de educación de esas entidades que invadirían facultades federales o modifican contenidos establecidos en las leyes federales en la materia.

Por ejemplo, regula alimentos y bebidas (facultad federal) y admite participación sindical en programas de capacitación reservados exclusivamente a las autoridades, además de permitir la readscripción del personal docente en funciones educativas sin el visto bueno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

El pasado lunes, la presidencia del máximo tribunal admitió a trámite las controversias constitucionales que presentó el pasado 15 de abril la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.