l Banco de México (BdeM) confirmó ayer lo que ha sido un secreto a voces desde hace meses: el país vive una desaceleración económica desde finales del año pasado y la economía nacional no muestra signos claros de recuperación, debido a que las exportaciones, el consumo y la inversión privada siguen sin reactivarse.
A pesar del diagnóstico, el comunicado del BdeM está salpicado de eufemismos, como la afirmación de que prevalecen condiciones de holgura
, para referirse a que el mercado laboral y el desempeño económico están muy por debajo de lo deseable; de intentos por minimizar la circunstancia, como el señalamiento de que la desaceleración de la economía está provocada por fenómenos transitorios
, e incluso de datos que contravienen el sentir generalizado de la población, como que el incremento general de precios registrado hasta la primera quincena de enero comenzó a disminuir a partir de la segunda mitad del mismo mes.
Ese discurso tranquilizador no es nuevo y probablemente forme parte de las responsabilidades de la máxima autoridad monetaria del país. No obstante, dicho optimismo genera reacciones escépticas si se trae a cuenta el precedente de lo ocurrido antes de la crisis de 2008-2009, cuando el hoy gobernador del Banco de México, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, calificó como catarrito
un ciclo recesivo que devino pulmonía para la economía nacional.
Por lo demás, es palmariamente claro que la postura del conjunto de los ciudadanos sobre el momento presente de la economía es mucho menos optimista que la de las autoridades económicas: según datos del Inegi, el comercio minorista experimentó una caída de 0.3 por ciento en enero pasado, respecto del mismo mes de 2013, como consecuencia del descenso en el consumo en tiendas de autoservicio y departamentales. Por su parte, un estudio reciente del Centro de Investigación y Negocios del Tecnológico de Monterrey indica que la incertidumbre económica actual ha mermado las contrataciones permanentes y que las cifras de trabajadores registrados ante el IMSS en los primeros dos meses de este año han caído en 10.6 por ciento respecto del año pasado.
Las cifras mencionadas son preocupantes en la medida en que dan cuenta de un círculo vicioso: el descenso en el consumo cancela la posibilidad de reactivar el mercado interno, lo que a su vez merma la generación de empleos bien remunerados e impacta negativamente en el poder adquisitivo de la población. El debilitamiento sistemático del mercado nacional, la apertura indiscriminada al exterior y la grave dependencia respecto del país vecino del norte mantienen a la economía nacional postrada y particularmente vulnerable a los ciclos recesivos.
Resulta impostergable, pues, que las autoridades fijen la reactivación económica como una de las prioridades centrales de su gestión, así sea por el hecho de que en ausencia de certidumbre económica para la población la gobernabilidad del país tampoco está asegurada. Dicha reactivación requiere no de reformas neoliberales adicionales, como las que se han venido impulsando en el último año, sino de un cambio de fondo en el paradigma que ha regido las políticas gubernamentales en los seis sexenios pasados –incluido el actual–, que considere la adopción de mecanismos de redistribución de la riqueza, instrumentos nuevos para combatir la desigualdad y políticas orientadas a garantizar los derechos sistemáticamente vulnerados –educación, salud, trabajo, vivienda digna– a consecuencia del modelo actual.
