n días recientes, ante el vacío informativo generado por el retraso en la presentación de la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, han proliferado diversas versiones sobre la orientación de dicha ley a partir de la difusión de un supuesto borrador del proyecto correspondiente, cuya autenticidad no ha sido confirmada ni desmentida por autoridad alguna.

Dichas versiones resultan preocupantes por partida doble: por un lado, porque se producen en medio de un desmanejo informativo que es indeseable en un tema tan relevante y estratégico, y por otro, porque apuntan a un posible retroceso respecto de la reforma constitucional aprobada el mes pasado, la cual ensancha los márgenes para la competencia y la apertura en el sector.

Significativamente, ayer el senador panista Javier Corral dijo que el anteproyecto de legislación reglamentaria en telecomunicaciones es contrario a las disposiciones torales de la reciente reforma constitucional en la materia y que atenta contra la libertad de expresión y de información, pues establece que no se podrán transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público y confiere a la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley, de respeto a la vida privada, la dignidad personal y la moral, y no ataquen los derechos de terceros ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.

En efecto, la incorporación de mecanismos de fiscalización y censura de contenidos por parte de la autoridad en la ley de telecomunicaciones sería una involución lamentable no sólo respecto de la reforma constitucional aprobada el año pasado, sino también con relación a los avances en materia de libertad de expresión y derecho a la información que se han alcanzado en los años recientes. Por añadidura, una legislación semejante terminaría por dar la razón a los críticos de la reforma constitucional, en el sentido de que está orientada a promover la libre competencia entre inversionistas de los medios de comunicación, pero no a impulsar la democratización en el uso del espectro de radiofrecuencias y la apertura y el pluralismo de contenidos.

Para ello, sería necesario otorgar concesiones y frecuencias a instancias no empresariales, así sean poco competitivas en términos mercantiles: por ejemplo, universidades, gobiernos estatales y municipales, comunidades y cooperativas, y que el Estado asuma la existencia de medios como entidades de interés público.

Otro aspecto preocupante sobre el referido anteproyecto de ley secundaria es la posibilidad de que ésta constituya en los hechos una contrarreforma en el sector, mediante la limitación de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el restablecimiento de las subastas como mecanismo para obtener concesiones para frecuencias de radio y televisión.

De ser cierta, tal perspectiva implicaría el derrumbe de los incipientes avances que se han tenido en semanas recientes para limitar el control oligopólico de ese sector, empezando por la declaratoria de preponderancia en contra de las empresas de Emilio Azcárraga y Carlos Slim, emitida por el propio Ifetel el pasado 7 de marzo.

El retraso en la discusión de la legislación secundaria en la materia ha contribuido, en suma, a enrarecer el ambiente en que se desarrolla la discusión y ha generado un compás de espera que pudiera resultar muy conveniente para los intereses empresariales, los cuales serían los principales afectados de una apertura real en las telecomunicaciones.

Es necesario que se dé a conocer la iniciativa correspondiente cuanto antes y que su discusión se realice en un debate público, incluyente y transparente.