En un entorno en que los proveedores se consolidaron como la principal fuente de financiamiento de las empresas, la situación de la economía y el nivel de las tasas de interés que cobran los bancos se convirtieron en las principales limitaciones que tiene el sector privado para acceder al financiamiento formal, reveló una encuesta del Banco de México (BdeM).

El pleno de la Cámara de Diputados turnó ayer a la comisión de economía, con opinión de la de competitividad, la iniciativa de ley en materia de competencia económica, la cual busca prevenir y eliminar las prácticas monopólicas, que atentan contra el libre mercado. La propuesta del jefe del Ejecutivo incluye la obligación del Congreso de la Unión de establecer tipos penales que castiguen con severidad las prácticas monopólicas. También se plantea reformar el Código Penal Federal a efecto de aumentar las penas correspondientes a los delitos derivados de acciones monopólicas absolutas, las cuales se incrementarían de cinco a 10 años de prisión, y de mil a 10 mil días de multa, equiparándolas con las más altas para delitos patrimoniales y con estándares internacionales. De igual manera se establece que la influencia de las empresas dominantes de un sector sobre el gobierno pueden provocar efectos nocivos, como el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la gestión de intereses del agente económico por parte de los servidores públicos del órgano regulador del Estado. Por ello, plantea que la relación entre los funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica con los representantes de las empresas privadas (dominantes), y en general, se limitará a audiencias que deberán tener un registro, la fecha, la hora de inicio y la conclusión de la audiencia.