on inocultable tufo salinista, el gobierno de Enrique Peña Nieto muestra el músculo y va en pos de su segundo pez gordo en lo que va del sexenio. Casi un año después de la detención y encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, ha procedido en igual sentido en contra del empresario Gastón Azcárraga Andrade, ahora prófugo del lerdo aparato de justicia, acusado de realizar operaciones con recursos obtenidos de manera ilícita por la venta de activos y acciones de Mexicana de Aviación, sin haber dado cumplimiento a diversas leyes en materia financiera, algo que, por lo demás, denunciaron los trabajadores de la aerolínea desde, cuando menos, tres años y medio atrás.

La diferencia entre el arranque sexenal de Enrique Peña Nieto y el de Carlos Salinas de Gortari no es de fondo ni de forma, pero sí de tiempos. Este último, con la técnica boxística más depurada y urgido de legitimidad, aplicó el contundente 1-2-3 en apenas el primer cuatrimestre de su estancia en Los Pinos (Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en enero de 1989; el especulador bursátil Eduardo, El Bayo, Legorreta, en febrero –el mero día del amor y la amistad–, y en abril Carlos Jonguitud Barrios, líder moral del SNTE, quien hábilmente evitó chirona y conservó bienes tras aceptar la recomendación de que fuera sustituido por la propia Elba Esther Gordillo). El segundo, en cambio, lleva un ritmo más pausado (La Maestra en febrero de 2013, y un año después la cacería de Azcárraga Andrade, en espera de la tercera pieza, en caso de ser necesario), pero igual de certero y con idéntico mensaje.

Pero bueno, el punto es que oficialmente el gobierno peñanietista va en pos de Gastón Azcárraga Andrade, ex presidente del oscuro Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ex presidente del consejo de administración del Grupo Posadas y ex presidente de Mexicana de Aviación, línea área de la que fue cabeza visible cuando menos en dos ocasiones (antes de que solícitamente lo rescatara el gobierno zedillista, vía Fobaproa, y después de que el gobierno foxista se la regresara, ya saneada financieramente, en diciembre de 2005, por módicos 165 millones de dólares, que en los hechos nunca pagó, porque después el Bancomext (dedicado, por ley, a promover el comercio exterior, no el rescate de las aerolíneas) le otorgó un generoso paquete crediticio cercano a 250 millones de dólares que nunca regresó, pero que sí pagan los mexicanos todos).

La de Azcárraga Andrade es la clásica historia de negocios entre el poder público y el económico (dicotomía que el neoliberalismo borró del mapa político mexicano para construir un solo poder con ostentosa preminencia empresarial), que se remonta a su abuelo paterno Gastón Azcárraga Vidaurreta, hermano de Emilio (el papá de El Tigre y abuelo de Emilito). El ahora prófugo de la lerda justicia heredó el imperio económico construido por el abuelo y consolidado por el padre. En 1982, con López Portillo, el erario rescató Mexicana de Aviación; seis años después el salinismo la reprivatizó, para de nuevo rescatarla, por el zedillato, con recursos de la nación en 1994, y reprivatizarla en 2005, con Fox en Los Pinos para, con Calderón, exprimirla, reventarla y dejarla al garete en 2010, con 8 mil 500 trabajadores en la calle.

A la tercera generación familiar se le pasó la mano, porque el propio Grupo Posadas no pasa por su mejor momento. Aun así, Vicente Fox y Felipe Calderón encubrieron a Gastón Azcárraga Andrade, lo volvieron a rescatar y le dieron tiempo más que suficiente para huir del país, no obstante que la denuncia que hoy la PGR formaliza fue oportunamente hecha por los trabajadores de Mexicana de Aviación, quienes hasta ahora, y sin deberla, son los únicos que han pagado por las ilegalidades del empresario y la protección de los mencionados ex inquilinos de Los Pinos.

Desde que en diciembre de 2005 Fox y Martita le regresaron, ya saneada, Mexicana de Aviación (los pasivos corrieron a cargo del Fobaproa), Gastón Azcárraga Andrade no hizo más que exprimir a la línea aérea y destrozar a quienes cotidianamente hacían posible que se mantuviera en vuelo: despidió a mil 800 trabajadores –de confianza y sindicalizados–, vendió la insignia de la aerolínea (en la calle de Xola, por alrededor de 80 millones de dólares) y cambió la razón social (de la nada surgió el Nuevo Grupo Aeronáutico).

Por si fuera poco, recortó en 25 por ciento el salario del personal que libró la reducción de la plantilla y redujo el contrato colectivo de trabajo a su mínima expresión; exigió al gobierno federal que le regresara una cantidad por ajustes en el precio de venta, lo que logró (alrededor de 10 por ciento del precio supuestamente pagado); canibalizó a Mexicana de Aviación para fortalecer a las dos aerolíneas paralelas (Click y Link) y desvió recursos por todas partes. Todo a costillas de los trabajadores –que se quedaron sin empleo y sin liquidación–, porque el empresario y sus socios no invirtieron un solo peso (entre otros, Angel Losada Moreno, de Grupo Gigante; Juan Gallardo Thurlow, de Grupo Embotelladoras Unidas y representante del sector privado en las negociaciones del TLCAN, e Ixe Banco).

Y después de exprimir y destrozar, simplemente vendió Mexicana de Aviación en un peso, se la entregó a la misteriosa Tenedora K y su oscura telaraña de inversionistas e intereses, se deshizo de cualquier responsabilidad en la aerolínea, renunció como presidente del Grupo Posadas, hizo la maleta y sin mayores consecuencias se fue a vivir a otro país (a Estados Unidos, presumiblemente). Todo con la autorización y protección del gobierno calderonista, aunque en ese largo proceso oficialmente ninguna autoridad se dio cuenta, comenzando por los en ese entonces secretarios de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas (el encargado, por ley, supervisar las concesiones federales en materia de aeronáutica), y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón (encargado, por ley, de garantizar la sana relación entre capital y trabajo, aunque en los hechos apoyó al empresario y avaló que pasara a chuchillo a los trabajadores; por cierto, este cínico personaje, ahora protegido por el fuero senatorial, ayer declaró que en el caso de Azcárraga Andrade mínimamente que se haga justicia; qué cara más dura).

Las rebanadas del pastel

Entonces, qué bueno que el gobierno de Peña Nieto vaya tras Gastón Azcárraga Andrade, pero si la justicia en México realmente fuera justa y alejada de los tiempos políticos, el empresario debió estar tras las rejas desde 2010, cuando menos, como tantos otros delincuentes de cuello blanco que cotidianamente se pasean impunemente… Decidido el curso legal de este caso, queda, como siempre, un pendiente: ¿y los trabajadores?

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