Panamá, 20 de febrero.

El consorcio a cargo de la expansión del Canal de Panamá reanudó el jueves los trabajos del multimillonario proyecto y dijo que espera firmar en breve un acuerdo que ponga fin a un conflicto por sobrecostos con la autoridad de la vía interoceánica.

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc), liderado por la española Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se enfrascaron a fines de 2013 en una pelea por quién debía asumir los mil 600 millones de dólares que exceden el costo original del proyecto, que había sido presupuestado en 5 mil 250 millones de dólares.

Gupc continúa las negociaciones para llegar a un acuerdo a largo plazo que cumpla con el contrato y las leyes aplicables, y proporcione el financiamiento destinado a la culminación del proyecto en 2015, declaró el consorcio en un comunicado.

La disputa ha amenazado con retrasos que pueden costar millones de dólares en peajes perdidos y dejar en espera a empresas de todo el mundo que quieren mover sus cargas a través del Canal que une la costa de Estados Unidos con los mercados asiáticos.

El reclamo por costos extras todavía debe dirimirse en un proceso de arbitraje previsto en el contrato entre las partes.

El miércoles por la noche la Autoridad del Canal de Panamá informó que además de reanudarse las obras, las partes acordaron que la ACP pagará 36.8 millones de dólares a Gupc –también integrado por Salini Impregilo, Jan de Nul y Cusa– para cumplir con obligaciones con proveedores pendientes desde diciembre.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, confirmó el jueves que las obras se reiniciaron, pero aclaró que quedan puntos por resolver. Una de las situaciones más complejas es cómo convertir en financiación la garantía de 400 millones de dólares de la aseguradora Zurich, que dijo en un comunicado que se encuentra cómoda con la exposición que tiene actualmente al proyecto, limitada gracias a los mecanismos de reaseguros que abarca.

Una fuente con conocimiento del caso dijo a Reuters el jueves que la aseguradora suiza no quiere poner dinero directamente en el proyecto y ha pedido que lo hagan los bancos, que a su vez están pidiendo contragarantías. La fuente añadió que cada integrante del consorcio es responsable de sus respectivas obligaciones financieras.

En el reparto de riesgos jugaría un papel el Estado español, que avaló a Sacyr con una contragarantía de 200 millones de dólares cuando el consorcio se adjudicó el faraónico proyecto en el año 2009.

El martes, dos fuentes con conocimiento de la situación dijeron a Reuters que el gobierno español probablemente modificará la contragarantía –suscrita en su momento como seguro para terminar el proyecto– para que sirva ahora como aval financiero.