Estudios ordenados por el Instituto Federal Electoral (IFE) para conocer la percepción de las comunidades indígenas de los procesos electorales revelan que, en general, los niveles de confianza en la autoridad electoral están por debajo de 50 por ciento –proporción no muy distante del resto de la población–, pero existe nula confianza sobre la fiscalización de los gastos de los partidos políticos.

Realizados por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en coordinación con el Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, los análisis Construcción de una democracia con participación intercultural y Proyecto de sistematización sobre la participación electoral de los pueblos indígenas señalan que 33 por ciento de los indígenas conocen que la credencial de elector es un instrumento para ejercer el voto, y están conscientes de que esto es un derecho.

Aunque la confianza es similar al resto de la población, 80 por ciento de los encuestados en el estudio identifican al IFE con valores positivos como la fraternidad, el diálogo, la honestidad y la paz. Sin embargo, al mismo tiempo, 41 por ciento señaló haberse sentido discriminado por una instancia electoral, cuando ha externado su voluntad de participar, lo que debe implicar –dijo la consejera María Marván– una recapacitación del propio personal del IFE en su atención.

La consejera electoral externó que estos estudios –que serán heredados al futuro instituto nacional electoral– representan un insumo importante para comprender las diversas formas de participación política y electoral en el país. Esto permitirá diseñar estrategias de participación que reconozcan la diversidad multicultural y la particularidad de las comunidades para fortalecer la democracia mexicana.

La investigadora de la UNAM Natividad Gutiérrez Chong dijo que de los resultados de las encuestas diseñadas para el estudio se desprende que los pueblos indígenas perciben la importancia de la participación ciudadana, pero también consideran que hay cierto grado de discriminación. Es decir, las comunidades indígenas no se marginan, les interesa participar, pero no tienen los canales ni las rutas para acceder a una representación política.

En esta lógica, dijo Gutiérrez Chong, se deben buscar modificaciones en los esquemas de participación ciudadana, en este caso, en las comunidades indígenas para romper con las barreras que perciben y son asumidas también como formas de opresión cultural, a efecto de que se pueda construir realmente un estado que favorezca las diversas formas de concebir la participación.