El desplazamiento de 120 mil personas en el país, durante los ocho años recientes, por la violencia propició un llamado de la Cámara de Diputados al gobierno federal a fin de aplicar acciones eficaces para controlar y erradicar el problema.

El incremento de las actividades vinculadas al narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, la extorsión y sus múltiples derivaciones, así como las ejecuciones intimidatorias generadas por el crimen organizado dieron origen a un fenómeno de movilidad física de miles de familias de una región a otra del país, incluso hacia el extranjero.

La estimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el número de desplazados apunta a 120 mil personas, particularmente de Chiapas, Guerreo, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Baja California.

Tan sólo en Sinaloa 30 mil personas han huido de sus hogares, y en Guerrero, según la CNDH, poco más de 7 mil personas han cambiado de residencia ante el miedo que provoca la movilidad de los criminales en diversas regiones de la entidad.

Así, con un escenario de tal magnitud, se solicitó a la Secretaría de Gobernación para que mediante la Comisión Nacional de Seguridad responda al punto de acuerdo que demanda acciones del gobierno federal para controlar y erradicar el fenómeno.